El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela. | M. À. Cañellas

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Desde la entrada en vigor de la Ley de Turismo que regula el alquiler vacacional en Balears, en julio de 2017, Turisme solo ha multado a cuatro propietarios por ofrecer alquiler ilegal sin la correspondiente licencia con una multa de 20.001 euros a cada uno. Desde entonces, se han abierto 45 expedientes en Mallorca, por lo que todavía hay 41 pendientes de resolver.

Así lo indica el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, a través de una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el diputado del PI Josep Melià. Cabe recordar, sin embargo, que al margen de estos expedientes que la Direcció General de Turisme ha abierto a particulares, están los incoados a varias plataformas comercializadoras por publicitar alquiler turístico ilegal, es decir, sin indicar el número de licencia en el anuncio, lo que es de obligado cumplimiento según la ley aprobada en la pasada legislatura.

Estos datos se refieren solo a Mallorca ya que en el resto de islas las competencias de ordenación turística están transferidas a los consells.

Nuevas licencias

En otra pregunta, Melià se interesó por el número de declaraciones responsables de inicio de actividad presentadas desde que se aprobó la ley para llevar a cabo alquiler turístico en la Isla. Hay que recordar que desde su entrada en vigor hubo un año de moratoria y que hasta el 1 de agosto del pasado año, una vez aprobada la zonificación por parte del Consell de Mallorca, no se volvieron a conceder licencias para alquiler turístico.

Desde entonces hay que comprar plazas de la bolsa, lo que ha encarecido de forma sustancial las licencias. Según la respuesta de Negueruela, hasta el pasado 15 de abril, se presentaron 1.964 declaraciones para llevar a cabo alquiler turístico, de las que 381 corresponden a viviendas unifamiliares; 1.478 a pisos; y otras 105 a casas y/o pisos que solo pueden alquilarse dos meses al año. Esta última modalidad, así como el alquiler turístico en pisos, son nuevos ya que no estaban contemplados antes de la ley de 2017.

Para el diputado del PI, Josep Melià, estos datos reflejan «el fracaso» de la regulación del alquiler turístico que se impulsó en la pasada legislatura y que entre sus objetivos figuraba el de garantizar el acceso a la vivienda a los residentes. Sin embargo, según señaló Melià, los precios de los alquileres de larga duración «no han parado de incrementarse». En este sentido, los agentes de la propiedad inmobiliaria han reconocido que muchos propietarios que ya no pueden alquilar sus pisos a turistas han optado por cerrarlos o incluso ponerlos a la venta y que solo una minoría los han destinado al mercado de alquiler habitual. Pese a que estaba prohibido en toda la Isla, el alquiler turístico en pisos era una práctica masiva. Ahora solo puede llevarse a cabo en las zonas autorizadas por el Consell de Mallorca y tras haber obtenido la correspondiente autorización por parte de Turisme.

De todos modos, algunos portales, como Airbnb, siguen ofreciendo alquileres turísticos en pisos sin licencia. Melià califica de «anecdótico» que en dos años solo se hayan impuesto cuatro sanciones a propietarios pese a «las miles de plazas supuestamente irregulares que existían según la Conselleria».

Inseguridad

En opinión del diputado del PI, existe un «elevado grado de inseguridad jurídica» entorno al alquiler turístico, al considerar que se han dado pocas licencias a pisos pese a que muchos propietarios están interesados en la actividad. En este sentido, la formación regionalista defiende una regulación «más simple que ponga el acento en la calidad y siempre sujeta al intercambio de plazas».

«Si existen tan pocas sanciones y tan pocas altas algo no cuadra en relación al alarmismo y a los efectos que muchos de los responsables del Pacte pontificaban», concluyó Melià sobre la política turística del Govern.