Los tribunales acaban de dar la razón al Govern en su reclamación al PP para que abone los 212.000 euros que cobró indebidamente como subvención al partido en la campaña electoral de 2007, con Jaume Matas como candidato. El dinero está depositado, pero el Ejecutivo aún no podrá disponer de él porque el PP ya ha anunciado que presentará un recurso. | Ultima Hora

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La cascada de sentencias judiciales derivadas de casos de corrupción que obligan a devolver el dinero defraudado no ha traído consigo gran cantidad de ingresos extraordinarios a las arcas del Govern. De hecho, la Comunitat no ha recuperado ni siquiera la mitad del dinero que debería haber cobrado de los políticos condenados por corrupción: el montante total de las sentencias suma 8.513.328,57 euros y el dinero recuperado es de 3.520.877,87 euros, a los que se suman otros 529.500 euros depositados como fianzas, pero a los que el Govern no tiene acceso todavía.

La última sentencia por corrupción que da la razón al Govern llegó hace unos días y confirma que el PP debe devolver más de 212.000 euros por haber recibido una subvención electoral fraudulenta ya que parte de la campaña electoral de 2007 la pagó ‘en B’, tal y como confesó su gerente, Fernando Areal.

Dinero depositado

Esto significa que el PP no tenía derecho a percibir la subvención correspondiente al dinero pagado en negro. En este caso, no se trata de una sentencia penal sino administrativa. El Consell de Govern aprobó reclamar la devolución de esta cantidad y el Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón, solo que por ahora tampoco podrá disponer de esta cantidad ya que el PP ha anunciado un recurso al Tribunal Supremo. El dinero sí está en depósito a la espera de que llegue la sentencia definitiva.

Las sentencias favorables al Govern comenzaron a llegar hace aproximadamente seis años, una vez finalizados los juicios por corrupción y agotadas todas las vías legales, incluidas las del Supremo. La última fue en junio, cuando se condenó a Jaume Matas a pagar 1,2 millones por la maqueta del proyecto de la ópera de Calatrava.

Ya solo queda una más pendiente: el ‘caso Over’, por el que el secretario general del PP balear José María Rodríguez fue condenado a pagar en torno a 10.000 euros. Se trata de una sentencia en primera instancia que está pendiente de resolución definitiva en el Supremo.

De todas las sentencias ya cobradas, esos 3.520.877,87 euros, la parte más importante corresponde a diversas piezas del Palma Arena, de donde se han recuperado 1,9 millones, incluidos los 900.000 euros del ‘caso Nóos’, que llevó a Iñaki Urdangarin a la cárcel. Del ‘caso Scala’, el de la famosa caja de Cola Cao, se han recuperado 1,04 millones de euros, lo que representa casi un tercio del total cobrado.

A esas cantidades se suman los 416.792 euros del ‘caso Voltor’, otros 115.463 del ‘caso Ibatur’, 95.465 euros del ‘caso Turisme Jove’ y 14.231 del ‘caso Marivent’, según datos facilitado por el Govern balear.