El anteproyecto de ley de movilidad sostenible hace una apuesta por las bicis y los peatones. | S. Amengual

TW
153

El Govern quiere que Baleares deje de ser un territorio tomado por los vehículos a motor y tratar de amabilizar la movilidad de los ciudadanos. Para eso ya trabaja en una ley de movilidad sostenible pensada para reducir en unos años la cifra de 1.030.478 vehículos que circulaban el año pasado por territorio balear.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, presentó este viernes las líneas maestras de este anteproyecto de ley pensadas para quitar peso al coche privado en los desplazamientos. Una medida central en este plan pasa por establecer mecanismos de regulación del acceso a los centros urbanos y espacios sensibles. La ley establecerá cómo se deberían introducir posibles limitaciones al acceso de vehículos en los centros urbanos y espacios protegidos en el momento en que así los decida el ayuntamiento correspondiente.

En combinación con esta medida, se definirá una red de aparcamientos disuasorios que deben ser elementos clave para reducir la presión de vehículos en los centros urbanos o espacios sensibles.

Transporte público

La reducción del uso del coche privado implica una apuesta decidida por el transporte público y el anteproyecto de ley también incide en esta materia. La norma busca herramientas para facilitar y agilizar la implantación de nuevos medios de transporte, como por ejemplo estaciones, paradas o carriles específicos para vehículos de alta ocupación. También se darán facilidades administrativas para la construcción del tranvía y de las futuras líneas de ferrocarril.

El texto facilitará la movilidad a pie o en bicicleta con la implantación de aparcamientos para bicis asociadas a paradas de transporte público, estaciones o lugares de trabajo de alta densidad.

También se prevé la posibilidad de establecer incentivos a la implantación de caminos escolares y otras medidas que fomenten el uso de la bicicleta entre los más jóvenes y que permitan crear el hábito de su uso. El texto pretende dar un impulso a los planes de movilidad urbana sostenibles y al establecimiento de organismos de coordinación que además fomenten la participación ciudadana.