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Los reclusos de la cárcel de Palma podrán recibir clases para la obtención de los permisos de conducir B y A2, así como el curso de sensibilización y reeducación vial para la recuperación del carné a través de la UTE encabezada por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

Así lo han explicado mediante un comunicado desde CNAE después de que el pasado noviembre, su presidente, José Miguel Báez, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, acordaran renovar la campaña de universalización de la educación vial en Centros Penitenciarios, entre los que se encuentra el de la Isla.

Más concretamente, las clases teóricas de los permisos tendrán lugar en el centro penitenciario de Mallorca, si bien la formación práctica correrá por cuenta del recluso, así como la tasa de examen.

Asimismo, la recuperación del carné -perdido por agotamiento de los puntos o por decisión judicial- también la abonará el interno y el profesor del centro autorizado más próximo se desplazará hasta la cárcel.

Durante su formación, los reclusos del programa también recibirán la visita de víctimas de accidentes de tráfico con el objetivo de que el testimonio sirva para concienciar y para formar.

Cabe recordar que la iniciativa, que comenzó en el año 2010 y se había interrumpido en 2017, cuenta con la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT), la Fiscalía de Seguridad Vial, el Real Automóvil Club de España (RACE) y la Asociación Española de Centros Médicos-Psicotécnicos (ASECEMP), entre otras entidades.

El programa formador y educador permitió que, en el periodo comprendido entre 2010 y 2016, más de 1.000 condenados superaran la prueba teórica y 500 obtuvieran finalmente el permiso.

En el acto de presentación de la campaña intervinieron el director de la DGT, Pere Navarro; el fiscal coordinador de sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas; uno de los vicepresidentes de CNAE, Íñigo Montenegro; el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas; el director general de ASECEMP, Bonifacio Martín, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.