Denuncian ante la Fiscalía de Baleares informes periciales sin la identificación obligatoria

| Palma |

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La presidenta de la Asociación Infancias Robadas, Inés Muñoz, ha denunciado ante la Fiscalía de Baleares que psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses han elaborado informes periciales en procesos judiciales sin identificarse con sus datos personales y de colegiación como es preceptivo.

Muñoz ha registrado ante el Fiscal Superior de las Islas Baleares, Bartomeu Barceló, la denuncia contra peritos que están «actuando como funcionarios públicos en procesos de tutela de menores, divorcio y violencia de Género están elaborando informes periciales sin identificarse correctamente», según figura en la denuncia planteada por la Asociación Infancias Robadas.

La Presidenta de Infancias Robadas, señala en su escrito que dichos profesionales firman los informes «sin identificar la titulación, ni su número de colegiado ni ningún otro dato objetivo para identificarse».

Además de posible desobediencia, Muñoz considera que podrían incurrir en intrusismo profesional si quienes elaboran los informes no son psicólogos, trabajadores sociales o médicos forenses.

Muñoz plantea en la denuncia que se debe actuar también contra los responsables del Govern balear, los Consells y Ayuntamientos que pudieran conocer la situación de desobediencia a la legislación, así como casos de intrusismo que se hubieran podido producir, al «admitir y consentir que los informes se elaboren en las condiciones descritas, sin identificación de ninguna clase por parte del profesional».

La denuncia alcanza también a los responsables de colegios de psicólogos, trabajo social y de médicos «que pudieran tener conocimiento de la situación de desobediencia a la legislación», por pasividad o por no haberla denunciado.

La presidenta de la Asociación Infancias Robadas alerta de la agravante de que con estas actuaciones se pueden estar lesionando los derechos de menores, mujeres y hombres en procesos de tutela de menores, divorcio y violencia de género.

«Los hechos descritos en la denuncia dejan desamparados a los ciudadanos y coartan el libre albedrío de terceras personas ante el incumplimiento flagrante durante años de la Ley», señala Muñoz.

La denunciante solicita a la Fiscalía que investigue la cuestión y depure posibles responsabilidades, «reparando daños y perjuicios a todas aquellas familias, menores, mujeres y hombres perjudicados por esta situación generalizada de desamparo”.

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