La administradora general de Càritas Mallorca, Sebastiana Santmartí; el obispo, Sebastià Taltavull; el director de Càritas, Sebastià Serra, y la secretaria general de la entidad, Catalina Mateu. | Jaume Morey

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La salida de la crisis ha sido desigual y «se han acentuado los extremos, de forma que los ricos lo son más, y los pobres, también». Así lo indicó ayer el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, quien alertó de que la situación de la Isla «es de las más graves de España» ya que «aumenta el número de familias con ingresos provenientes de un trabajo que no llegan a final de mes». Esto se debe, sobre todo, al encarecimiento de la vivienda y a la precariedad laboral.

Según explicó el obispo, se trata de familias mallorquinas, cuyos ingresos oscilan entre los 800 y los 1.000 euros mensuales, que sufren lo que se denomina «pobreza invisible». «No se nota, pero ves dramas dentro de las casas», aseguró Taltavull, quien advirtió de que este escenario va en aumento.

Taltavull hizo estas declaraciones durante la presentación de la memoria de Càritas Mallorca de 2018. Precisamente la vivienda copó de nuevo el mayor porcentaje de las ayudas económicas, un 57 % del total, lo que se traduce en cerca de 111.000 euros y que supone un 27 % más que el año anterior. Con esta partida se concedieron 511 ayudas, la mayoría de las cuales se destinaron al pago del alquiler o la hipoteca y suministros. «Una de nuestras prioridades es que las personas puedan mantener su vivienda», indicó la secretaria general de Càritas, Catalina Mateu.

En total, la entidad atendió el pasado ejercicio a 8.011 personas en la Isla, un 15 % más que un año antes, las cuales están en situación de vulnerabilidad social. En cuanto al perfil de estas personas, el director de Càritas, Sebastià Serra, detalló que predominan las mujeres y que el principal rango de edad es de entre los 30 y 50 años. Respecto al tipo de hogar, el 30 % son parejas con hijos, seguido de personas que viven solas y familias monoparentales.

Otro aspecto a destacar de la memoria del pasado año es que se duplicó el número personas atendidas en situación irregular, hasta las 2.070. De hecho, las personas extracomunitarias representaron casi el 60 % del total, más de diez puntos que el año anterior. La mayoría provienen de Sudamérica y Caribe, con predominio de Venezuela, Colombia y Bolivia.