Jaume Matas ha sido condenado por el caso Ópera. | Efe

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El ‘caso Ópera’ se ha convertido en el más caro para Jaume Matas. El Tribunal Supremo confirma que tendrá que pagar al Govern los 1,2 millones de euros que se pagaron al arquitecto Santiago Calatrava para diseñar un palacio de la ópera en la bahía de Palma. Además suma otros 200.000 euros en concepto de multa por los pagos que se ordenaron para poder presentar el proyecto de cara a las elecciones autonómicas de 2007, las últimas en las que lideró la lista del PP.

Por si fuera poco, el alto tribunal recupera el delito de tráfico de influencias por el que la Audiencia le había absuelto: Matas tendrá que cumplir siete meses más de cárcel que acumula a los 3 años y ocho meses que le mantienen en prisión por el ‘caso Nóos’.

La sentencia del Supremo avala el recurso que impulsó la fiscal Anticorrupción Laura Pellón. Considera que la Audiencia se equivocó a la hora de aplicar el delito de tráfico de influencias y que Matas perseguía un fin económico además del electoral con la contratación de Calatrava: «Matas ideó la contratación para obtener un mejor resultado en las elecciones y trasladaría tal propuesta a los ciudadanos a través del acto de presentación pública que no tendría que pagar, bien él mismo o bien su partido porque éstos correrían a cargo de la Administración. Fueran beneficios para él mismo o para el partido político el requisito del tipo se cumple».

Así, entiende que el president pactó con Calatrava de forma verbal su contratación y que recibiría 1,2 millones de euros y que luego ejerció su influencia sobre el entonces conseller, Francesc Fiol, para que éste formalizara el contrato. Con argumentos similares también desestima el recurso de Matas para intentar no pagar la responsabilidad civil de 1,2 millones.

Entiende que sí existió un delito de prevaricación y que debe imponerse esa indemnización «para evitar que sea la administración pública y, en definitiva, la ciudadanía, quien sufra las consecuencias de una resolución que se ha calificado como prevaricadora».

El Supremo recuerda que el Govern pagó a Calatrava 1,2 millones «sin recibir nada a cambio, pues solo se transmitió una idea de la que ni siquiera se obtenía la propiedad intelectual».

La defensa de Matas argumentaba que el expresident sólo dio una orden política. El Supremo recuerda que eso no es lo que se juzgaba: «Lo que se considera delictivo es el proceso mediante el cual se contrató al arquitecto; es haber acordado con él de forma verbal la realización de un anteproyecto comprometiendo a la administración e imponiendo su voluntad a quienes se hallaban sujetos a su jerarquía».