El alquiler turístico en pisos está prohibido en todo el término de Palma, de modo que los alquileres de estos inmuebles por días o semanas deben llevarse a cabo a través de un contrato que cumpla con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). | Ultima Hora

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El alquiler turístico en pisos en Palma aún es posible y está al alcance de cualquiera, que pueda y quiera pagarlo, pese a estar prohibido. Para este verano se comercializan más de 300 pisos en la ciudad y, según el portal Airbnb, a través de su página, la petición de reservas para la primera semana de julio ya supera el 68 %. Algunas habitaciones en pisos para dos personas ubicados en el centro superan los 100 euros la noche.

Estos datos, a los que se puede acceder entrando solo en las webs de los portales comercializadores, ponen de manifiesto el incumplimiento de la Ley de Turismo aprobada en verano del 2017. Dos años después de su entrada en vigor, la oferta ilegal no ha desaparecido y las plataformas no han escarmentado pese a la imposición de multas por parte de la Conselleria de Turisme.

Embargo

Desde el Govern, la Direcció General de Turisme, mediante la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ha iniciado un procedimiento de embargo contra Airbnb, que se ha negado a pagar una primera multa de 300.000 euros, ya firme. La Conselleria de Turisme inició el expediente sancionador en diciembre de 2017 y en febrero del año siguiente impuso la multa a la plataforma, que pese a recurrirla, la Justicia le obligó a pagarla. Al no haberlo hecho, la vicepresidenta y consellera de Turisme en funciones, Bel Busquets, anunció a finales de mayo que se había iniciado el procedimiento de embargo.

Además, hay otra sanción contra Airbnb en curso, en esta ocasión de 400.000 euros, la cuantía máxima fijada por la Ley de Turismo, por haber recurrido en su incumplimiento. No es la única plataforma multada por el Govern por infringir la normativa autonómica.

TripAdvisor y Homeaway también se enfrentan a sendas sanciones de 300.000 euros y la primera ya la ha pagado, mientras que la segunda aún está dentro del plazo voluntario para abonarla. Asimismo, a ambas plataformas se les han levantado actas por una segunda sanción, como a Airbnb, cuya cuantía a pagar oscila hasta los 400.000 euros por ser casos de reincidencia.

La Ley de Turismo establece que las plataformas solo pueden comercializar viviendas vacacionales regladas, es decir, inscritas en Turisme, y deben incluir el número de registro en el anuncio. Desde la Conselleria, después de que entrara en vigor la norma autonómica, enviaron requerimientos a todas las plataformas para que cumplieran con la normativa y se les concedió un plazo de quince días para eliminar la oferta ilegal. Casi dos años después, la siguen ofertando.

Terraferida ya denunció a finales de mayo que el portal Airbnb seguía comercializando oferta ilegal de alquiler turístico y reclamó mayor dotación económica para combatir este «fraude», además de imponer sanciones más duras. Según su portavoz, Jaume Adrover, «Airbnb gana 300.000 euros en pocas horas».