Pau Riera es uno de los cinco investigadores de Baleares afectados.

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Cuando un estudiante de ciclo superior quiere hacer un doctorado tiene la opción de investigar por su cuenta durante cuatro años o bien solicitar un contrato predoctoral que ofrece el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Estos contratos son una especie de beca de 16.422 euros anuales que se retribuyen a modo de salario de forma mensual para que así el investigador perciba un sueldo de 960 euros mientras estudia en el doctorado.

El problema es que el Ministerio, que tenía de plazo hasta el 8 de abril (prorrogable dos meses) para resolver a quién concede las becas, no cumple los plazos. «Para muchos de los jóvenes investigadores que están a la espera de firmar este contrato, esta situación significa no poder entrar en nómina hasta septiembre y como el contrato es exclusivo, es incompatible con cualquier otro trabajo, que ya no buscamos», explica Pau Riera, uno de los cinco baleares afectados.

Pau Riera se matriculó en septiembre del año pasado para hacer un doctorado de psicología sobre el trastorno depresivo y los suicidios en Baleares.

El mes de octubre se inscribió en la convocatoria de ayudas FPI (Formación del Personal Investigador) de 2018 realizando los trámites on line a la espera de poder estudiar durante cuatro años a la vez que percibe un sueldo.

Como él, hay otras cuatro personas en Baleares y hasta 1.100 proyectos pendientes en España. «Todos estamos esperando».

El sistema no es nuevo, pues el año pasado los contratos se resolvieron en julio. Por eso este año los afectados han lanzado un comunicado en cada autonomía criticando que «el Ministerio de Ciencia deja a mil investigadores en el paro durante el verano por el retraso en la resolución de sus contratos».

«Los plazos nunca se cumplen y a causa de la exclusividad no nos atrevemos a ponernos a trabajar en verano», se queja Riera.

El ministerio disponía de seis meses desde el inicio del proceso para publicar la resolución, plazo que se cumplió el 8 de abril. La convocatoria estipula que el plazo se podría prorrogar excepcionalmente un máximo de dos meses más, que también se cumplieron el pasado 8 de junio. Y ahora el ministerio ha comunicado a los afectados que la resolución saldrá probablemente en julio, es decir, un mes más tarde. Los afectados han protestado y piden «respeto y consideración hacia los jóvenes investigadores», ya que «no es un hecho aislado».