Un saludo entre rivales. El diputado de Podemos Aitor Morrás saluda a Abel Matutes el día que compareció en el Parlament en la comisión sobre las autopistas de Ibiza. La modificación de la ley que denuncia Matutes también partió de Podemos. | Joan Torres

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Ni caso a Abel Matutes. El Parlament esperó a la última sesión antes del fin de legislatura para debatir y rechazar una denuncia del empresario en la que insinuaba que los diputados había prevaricado al modificar una ley con el único propósito de perjudicarle.

La denuncia se registró en junio de 2018, pero no se tramitó hasta la última sesión. La Comisión de Peticiones se reunió apenas unos días antes de que la presidenta del Govern, Francina Armengol, disolviera la Cámara y en la reunión se acordó archivar la denuncia del empresario.

Matutes había dirigido un duro escrito al Parlament pidiendo a los diputados que pararan la tramitación de una ley que, según él, estaba pensada para perjudicarle. Se trataba de la modificación vía enmienda de una ley anterior en la que, también vía enmienda –la llamada ‘enmienda Matutes’–, se permitía la legalización de construcción en amplias zonas de su propiedad. Es decir, Matutes denunciaba que se le perjudicaba con una enmienda porque previamente se le había beneficiado con otra.

De hecho, sus denuncias iban contra los diputados en general, pero más específicamente contra los diputados de Podemos, que fueron quienes enmendaron el texto.

Constitución

«La proposición no cumple con los requisitos constitucionales que debe reunir cualquier norma con rango de ley», aseguraba Matutes. Sus razonamientos apuntaban a que el Parlament pretendía imponer un límite ad hoc a unos terrenos privados «sin una justificación objetiva, lo cual convierte dicha propuesta en arbitraria».

«Es una ley que únicamente se motiva en una voluntad, arbitraria e infundada, de obstaculizar e impedir la actividad de mi persona, lo cual está prohibido por la Constitución y por las leyes», añadía el empresario.

Matutes amenazaba a los diputados con una demanda para exigir indemnizaciones a los propietarios, «los cuales habríamos visto cómo en el transcurso de pocos meses se ha pasado del reconocimiento legal de un régimen favorable para nuestros derechos a una limitación frontal».