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Mallorca cuenta por primera vez en su historia con una norma que limita el tamaño de las grandes superficies y que, además, supedita su implantación a cuestiones medioambientales y de movilidad. El Consell de Mallorca aprobó este lunes, con un amplio consenso y de forma definitiva, el plan de equipamientos comerciales de la Isla, una reivindicación histórica de las patronales del pequeño y mediano comercio.

A partir de ahora no se podrán instalar superficies comerciales de más de 40.000 metros cuadrados en la Isla, si bien la zona determinará el tamaño. El objetivo de la norma es «fomentar el comercio de proximidad».

El plan, impulsado por el departamento de Urbanisme i Territori que dirige la consellera Mercedes Garrido, contó con los votos a favor del gobierno, el PP y el PI, en la oposición, y con la abstención de Ciudadanos, que inicialmente había anunciado un voto en contra.

Salvo Ciudadanos, todos los partidos valoraron el consenso alcanzado, lo que lleva a pensar que la norma no será derogada o rebajada en caso de que el Consell cambie de color.

Mauricio Rovira, portavoz del PP, valoró que su partido haya «querido participar constructivamente» en la redacción del plan y se mostró satisfecho porque «tiene seguridad jurídica» y «no es una prohibición», enfatizó. Antoni Amengual, del PI, recordó que su formación se opuso a la aprobación inicial de la norma pero reconoció que «ha mejorado mucho» y que se ha consensuado con el pequeño y mediano comercio.

Ciudadanos puso la nota discordante. Su portavoz, Catalina Serra, consideró que la norma va «más allá» de las competencias en urbanismo y que peca de «un intervencionismo excesivo». «Debemos respetar la libre competencia», añadió, y se mostró partidaria de potenciar el pequeño comercio, pero «no limitando los equipamientos comerciales».

Desde Afedeco, Pimem y Pimeco celebraron la aprobación de la norma pero lamentaron que «llega con retraso». También se mostraron «sorprendidos» por la abstención de Ciudadanos. Por contra, la patronal de grandes superficies Anged siempre se ha mostrado contraria a la norma al entender que limita en exceso la actividad. La patronal estudiará ahora la norma, que entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial (BOIB), y con toda probabilidad la recurrirá judicialmente. Garrido ya asumió este lunes esta posibilidad.