Joan Antoni Salas, Mercé Borràs y Antoni Noguera. | Mónica González

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Alrededor de 60 de las 83 familias que quedan en Son Banya podrán acogerse a ayudas municipales en la segunda fase de desmantelamiento del poblado. La regidora de Benestar i Drets Socials, Mercé Borràs, ha hecho balance este lunes del final de la primera fase de desmantelamiento que considero un «éxito». Ha anunciado que la segunda fase comenzará este año, «en cuanto sea posible», aunque reconoció que probablemente sea partir de octubre.

La primera fase, explicó, ha afectado a 45 viviendas afectadas por órdenes judiciales de desalojo. De ellas dos estaban caducadas, una ya se ejecutó en 2011 y en esta ocasión se han ejecutado 42. De estas 42, se han realizado 31 órdenes con demolición que afectaban a 40 albergues y un gallinero. Mientras que otras 11 órdenes no han dado lugar, por el momento, a demolición por diversos motivos.

Cuatro familias estaban acogidas al programa de realojo de vivienda pero no ha sido posible encontrarles una casa, otras cinco familias permanecen en el poblado por cuestiones humanitarias (como embarazos), pendientes de una valoración técnica, y dos viviendas no se han tirado por motivos de seguridad.

En total han salido del poblado 28 familias que suponen 117 personas, 68 de ellas adultos y 49 menores.

De las 31 órdenes ejecutadas con demolición, añadió la regidora, 15 familias contaban con recursos propios, otras tres han tenido una ayuda municipal, ocho han sido realojadas en viviendas públicas (7 del Patronat y una del Ibavi) una familia rechazó la vivienda, otra ha salido esperando una vivienda pública y tres chabolas estaban desocupadas.

Borràs insistió en que el proceso de desmantelamiento «no tiene marcha atrás» e hizo un llamamiento a los partidos de la oposición, que abandonaron el acuerdo firmado por unanimidad por el que se comprometían a que Son Banya dejará de ser una realidad el 31 de diciembre de 2020.

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, por su parte, consideró que tanto PP como C's abandonaron este pacto por «rédito electoral», pero también se mostró convencido de que apoyarán la segunda fase del proceso de desmantelamiento.

En cuanto al dinero necesario para continuar con el proceso, el director general de Serveis Socials, Joan Antoni Salas, recordó que para este año hay presupuestados 300.000 € y calculó que para 2020 se necesitara otra cantidad parecido. Si bien también explicó que para la segunda fase se esperan abaratar los costes, porque en la primera ha habido que ir con más cuidado al tener que derribar casas concretas sin afectar a alas del alrededor.

Por el momento, se mantendrá un sistema de control para que no se pueda levantar nuevas edificaciones en el poblado.