El juez instructor del caso, Santiago Pedraz. | Efe

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La Fiscalía reclama condenas de cuatro años de prisión para los antiguos directores generales de sa Nostra Pau Dols y Pere Batle por delitos de apropiación indebida y administración desleal. En la causa, que se sigue ante la Audiencia Nacional, el ministerio público reclama esa misma condena para el exdirectivo de la empresa de la caja Invernostra, Rafael Oliver y para el empresario Martín Gual. Para el quinto acusado, el directivo de las empresas de Gual, Javier Collado, se reclaman dos años y medio de cárcel. Además, el ministerio público reclama una responsabilidad civil de 48 millones de euros de forma conjunta por el perjuicio que causaron a la caja los préstamos concedidos a las empresas de Gual.

La calificación fiscal sostiene que esas operaciones de financiación se llevaron a cabo sin valorar los riesgos y que tenían como objetivo ocultar ante terceros el «progresivo deterioro patrimonial» de la entidad. «Martín Gual aceptó colocarse en esa posición porque no asumía riesgo alguno y obtuvo un importante beneficio económico».

El fiscal presentó su calificación a principios de año, antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia anulara el auto del juez instructor que iniciaba el trámite para el juicio. Los magistrados aceptaron el recurso de las defensas por falta de motivación en el auto del magistrado Santiago Pedraz. Éste ha dictado ahora una nueva resolución en la que ‘remienda’ la anterior y ha desencadenado un nuevo recurso de las defensas.

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Nuevo auto

El nuevo auto de Pedraz copia de forma casi literal los hechos que relata la Fiscalía en su calificación. Este hecho lleva a la protesta de las defensas. En concreto, la representación de Dols y Batle pide el archivo de las actuaciones y recuerda que ni el juez ni la Fiscalía reprochan a los exdirectivos haberse lucrado con los delitos que se les imputan. El recurso también cita la sentencia reciente en la que se absolvía a la cúpula de Catalunya Caixa de delitos similares. Así, niega la existencia de ningún delito y, en todo caso, apela a la prescripción del de administración desleal.

En la causa también han presentado acusación contra la antigua cúpula de la caja, la entidad sucesora, Bankia y el FROB.