La exalcaldesa de Petra Caterina Mas | Guillem Mas

TW
5

Media docena de testigos declararon este jueves en el Juzgado de Instrucción 2 de Manacor en la causa que se sigue contra la ‘número 3’ de las listas de Més al Consell, Caterina Mas. En las actuaciones se investiga si la actual candidata dio un trato de favor a la empresa de su marido y permitió la prescripción de una sanción urbanística cuando fue alcaldesa de Petra entre 2010 y 2015.

Entre los citados este jueves en el juzgado se encuentran el secretario municipal de Petra, Francisco González, el exconcejal Sebastià Reixac, un policía local, un arquitecto y un exfuncionario del Consell. Hace unos días también declaró el marido de Mas, el empresario supuestamente beneficiado por la actuación del ayuntamiento. Éste habría explicado que se fraccionó la sanción para su pago y negó cualquier intervención en ella de la candidata.

La causa contra Caterina Mas se inició en 2017 tras una denuncia formulada por el Ajuntament de Petra. Se investigan en la causa posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación por la prescripción de esa sanción administrativa que se elevaba a los 50.000 euros. En la causa, Mas ha negado cualquier relación con el trámite de la sanción urbanística, que derivaba de una ampliación ilegal de una nave industrial. Según su versión ella no intervino en el expediente que dependía de los técnicos municipales.

Del pago fraccionado supuestamente se llevaron a cabo los primeros cobros y después no se produjeron más. Se investiga en la causa si existió alguna actuación para evitar que se ejecutaran los cobros. Tras el cambio de gobierno en el municipio la sanción ya había prescrito y no se pudo llevar a vía ejecutiva. A partir de ahí, el actual equipo de gobierno de Petra, liderado por el Partido Popular, llevó a cabo dos informes jurídicos. En base a ellos llevó el asunto a los tribunales.

Con las testificales que se llevaron a cabo este jueves se agota una serie de citaciones ordenadas por la juez Victoria Pelufo que tendrá que decidir si practica más diligencias, lo archiva o lo envía a juicio.