Endesa utiliza las nuevas tecnologías y herramientas de análisis de datos que hacen que la detección del fraude sea cada vez más efectiva. | ARCHIVO

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Endesa detectó en Baleares 1.841 casos de fraude eléctrico en 2018 y recuperó más 15,6 millones de kilovatios/hora (kWh) defraudados, el equivalente al consumo anual que realizan 4.000 familias en las Islas. En 2017, según datos facilitados por la empresa, el número de casos ascendió a 1.782.

Aparte de estas cifras, desde Endesa-Balears resaltan que es importante destacar que el fraude eléctrico es, sobre todo, «un problema grave para la seguridad y la salud de las personas, tanto para el propio defraudador como para los que le rodean. En los últimos años, se han registrado casos de incendios en instalaciones y viviendas como consecuencia de esas manipulaciones».

Además, a diferencia de lo que inicialmente podría creerse, el grueso del fraude eléctrico en Balears, al igual que sucede en el resto de autonomías, «no lo cometen consumidores que se hallan en situación de vulnerabilidad energética, sino grandes consumidores, es decir, empresas industriales y de servicios, así como negocios y particulares con consumos elevados».

Al margen, Endesa también indica que las instalaciones fraudulentas de cultivo de marihuana «propician elevados consumos que son detectados de forma periódica en los controles que se realizan».

En el desglose de los 1.841 expedientes detectados, la eléctrica señala que el 50 % de los casos se han producido en Palma (932 expedientes). Le siguen los municipios de Calvià (85 casos), Eivissa (58), Llucmajor (61), Manacor (56), Alcúdia (50) y Sant Josep (44).

Endesa ha redoblado en los últimos años los medios para combatir el fraude eléctrico mediante un aumento de las inspecciones, un uso intensivo de las nuevas tecnologías y la utilización de herramientas de análisis masivo de datos (Big Data) que hacen que la detección del fraude sea más efectiva.

Entre las nuevas tecnologías que se han desarrollado en los últimos años, destacan los videoscopios y trazadores, que permiten inspeccionar instalaciones subterráneas, empotradas en las paredes o inaccesibles a simple vista, para detectar, entre otras manipulaciones, la existencia de dobles acometidas.

A su vez, el uso de herramientas de Big Data «permite agrupar los datos históricos de consumo y contrato de las instalaciones sobre los que se aplican algoritmos de cálculo para la identificación de posibles fraudes. La presencia física de inspectores determina finalmente el fraude cometido y el expediente sancionador correspondiente».

Endesa afirma que el fraude eléctrico supone un perjuicio para toda la sociedad, «ya que se traduce en un incremento de la factura eléctrica para el conjunto de los consumidores y pone en riesgo la seguridad y calidad de suministro».