El CSIF recurre el decreto del catalán en la sanidad balear

| Palma |

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Protesta contra el decreto del catalán en la sanidad pública balear.

Protesta contra el decreto del catalán en la sanidad pública balear.

23-02-2018

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra el Decreto que regula los requisitos de catalán para el personal estatutario del Servicio de Salud autonómico (IbSalut).

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, consideran que el decreto «supone una discriminación para aquellos que no acrediten el nivel exigido, bloqueando de manera ilegal su derecho a la carrera profesional y a la movilidad voluntaria».

Por tanto, CSIF entiende que el decreto vulnera el ordenamiento jurídico, desde principios básicos de la Constitución, la Ley de función pública, el Estatuto Marco del personal estatutario, y el Estatuto Básico del Empleado Público.

«La lengua debe ser un mérito que sume pero que en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la sanidad pública y suponga una rémora a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», ha argumentado el sindicato.

En su escrito al TSJIB, el CSIF aclara que «la nulidad que se persigue nada tiene que ver con la protección y el desarrollo de la lengua catalana», sino que «desde la óptica esencialmente sindical» se fundamenta «en una deficiente técnica legislativa por un lado y lo que es mas grave, en una sonora vulneración de los derechos de los trabajadores al servicio de la administración».

El sindicato de funcionarios también critica que el reglamento es «extraordinariamente inconcreto y desde luego arbitrario» en varios de sus artículos, «o cuando menos propiciador de la arbitrariedad pudiendo utilizarse la exención del conocimiento del idioma del catalán al antojo de quien decide».

Además, en su recurso el CSIF hace suyos los argumentos que expuso el miembro del Consell Consultiu José Argüelles en su voto particular al dictamen que dio cobertura al decreto ahora impugnado.

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Pater Nostrum
Hace 9 meses

El problema es que se exija un título para poder trabajar. A una lengua se la quiere y respeta por conocimiento, no por imposición. La Constitución dice que hay que conocer las dos lenguas cooficiales, nunca que haya que estar titulado para poder tener derecho a vivir. ¡Que lastima que se llegue a estremos por culpa de políticos ineptos y Armengolas soberanistas.

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Força Mallorca
Hace 9 meses

Si una lengua es oficial, lo es con todas sus consecuencias. Si no se exige y se la trata como una lengua de segunda, entonces es que no es oficial. Por tanto, se incumple la ley, se incumple el Estatut, Ley Orgánica, considerada corpus constitucional. A ver quién es el guapo que va de constitucionalista y está por incumplir leyes orgánicas. Falsos, más que falsos impostores castellanizadores.

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Vergonya
Hace 9 meses

Pues si no se aplica el decreto, se aplica la ley que este decreto evita, es decir, el catalán ES TOTALMENTE EXIGIBLE PARA TODO FUNCIONARIO SIN EXCEPCIÓN, COMO LENGUA OFICIAL QUE ES, como el castellano, cuya oficialidad plena nadie discute. Si ambas son cooficiales, POR QUÉ SÓLO SE DISCUTE LA OFICIALIDAD PLENA DE UNA? VERGÜENZA COLONIALISTA CASTELLANIZANTE.

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Elecciones Ya!
Hace 9 meses

Menos mal que alguien pone coherencia ante estas burradas discriminatorias a las personas que son de otras partes de España y se recortan sus derechos a poder trabajar donde más les guste, no donde se hablen dialectos de otras comunidades vecinas que solo benefician a unos pocos radicales

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