Los inspectores visitaron 42 locales de ocio en la Platja de Palma, Magaluf y Sant Antoni en una campaña extraordinaria. | Arguiñe Escandón

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Más de la mitad de los contratos revisados por los inspectores de Trabajo el verano de este año en Baleares estaban en fraude de ley. Así se desprende de los resultados del plan de lucha contra la precariedad laboral que se llevó a cabo en temporada alta por cuarto año consecutivo y que ayer presentaron el conseller de Treball, Iago Negueruela, y la directora general de Treball, Isabel Castro.

Este año, además del plan específico que se desarrolla en las Islas y por el que se desplazaron a la Comunitat 32 inspectores en julio y agosto, hay que sumar el Plan Director del Estado. Ambas acciones y el correspondiente efecto disuasorio provocaron una mejora de las condiciones laborales de 7.710 trabajadores.

Es la cifra más alta de los últimos cuatro años, si bien Negueruela insistió en la mayor eficiencia para lograr estos resultados. Así, de un total de 7.250 contratos laborales revisados, el 51,1 %, es decir, 3.704, estaban en fraude de ley y se convirtieron en indefinidos. El número de contratos temporales revisados es el más bajo de los últimos cuatro años, aunque el porcentaje de fraude detectado es el más elevado.

Asimismo, se revisaron 3.092 contratos parciales, de los que 395, lo que representa casi un 13 % del total, era fraudulentos por esconder jornadas laborales superiores. Como consecuencia, se ampliaron 395 jornadas laborales. El fraude detectado en contratación parcial es inferior al descubierto en temporalidad ya que, en términos absolutos, la parcialidad es menor. Asimismo, hay que tener en cuenta que de acuerdo con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, este año Balears ha conseguido destruir empleo parcial y temporal a favor de una mayor estabilidad laboral.

El plan también permitió el afloramiento de 83 personas que trabajaban en la economía sumergida. Como resultado de esta actividad inspectora se han iniciado 130 expedientes sancionadores con una propuesta de multa conjunta de 436.500 euros, de los que la mayor parte, casi 310.000 euros, corresponden a sanciones de economía irregular.

A los contratos revisados fruto de la actividad inspectora hay que sumar las conversiones fruto de las 1.340 comunicaciones a empresas por parte del Ministerio de Trabajo. En total, 870 contratos temporales se convirtieron en indefinidos y otros 93 parciales ampliaron la jornada.