La Abogacía de Baleares reclama el pago urgente de los retrasos acumulados

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El decano del Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, y la responsable de la Comisión del Turno de Oficio del ICAIB, Carmen López.

El decano del Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, y la responsable de la Comisión del Turno de Oficio del ICAIB, Carmen López.

09-11-2018 | ICAIB

El decano del Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, ha anunciado este viernes la convocatoria de una concentración de protesta por el retraso acumulado en los pagos del trabajo de los abogados y abogadas adscritos en la comunidad a los servicios del Turno de Oficio y la Asistencia Letrada al Detenido, a quienes el ministerio de Justicia adeuda los asuntos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.

En rueda de prensa, Martín Aleñar y Carmen López, esta última responsable de la Comisión del Turno de Oficio del ICAIB, han expresado el «lógico» malestar y la preocupación de este colectivo profesional por los «reiterados» incumplimientos de los compromisos adquiridos por Justicia, lo que ha decidido a la corporación colegial a convocar una concentración de protesta que tendrá lugar el próximo martes 13 de noviembre, a las 13 horas, en las sedes que el Colegio de Abogados de Baleares tiene en Palma, Ibiza, Menorca, Inca y Manacor.

El decano ha indicado que, si bien no es esta la única vez que los letrados encargados de defender los derechos de las personas y los colectivos más vulnerables cobran con retraso, «sí que es la primera vez que los incumplimientos de las promesas y de los acuerdos adquiridos se suceden repetidamente» y en un «ambiente de cierta tensión».

A preguntas de los periodistas, el decano ha explicado que el origen del retraso está en una discrepancia administrativa relacionada con un acuerdo previo entre el anterior equipo ministerial y el Colegio de Abogados de Madrid para el pago de las actuaciones letradas de los abogados del turno de oficio que han intervenido en el proceso del llamado caso Gürtel, un acuerdo que «nada tiene que ver con la abogacía de oficio de las comunidades autónomas del llamado territorio común», entre las que se encuentra Baleares, que, en cambio, «es la que está pagando las consecuencias».

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