La patronal del alquiler turístico considera «muy perjudicial» para el sector el requisito del certificado energético. | CAIB

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La Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur) ha alertado este sábado de la «posible desaparición» en los dos próximos años de hasta el 90 % de las viviendas que tienen licencia de alquiler debido a la exigencia del Govern de que dispongan de la certificación energética B o C.

La mayoría de las 13.000 viviendas turísticas con licencia antes de la entrada en vigor de la ley de alquiler en julio de 2017 no podrán ejercer esta actividad por no poder adaptarse a esta certificación, ha informado esta asociación.

En un comunicado, la patronal del alquiler turístico considera «muy perjudicial» para el sector este requisito que, de aplicarse, imposibilitará la adaptación a 9 de cada 10 viviendas que disponen de licencia para esta actividad.

Habtur Baleares muestra su preocupación respecto a los requisitos que «día tras día» se van incorporando a la legislación y que «ponen trabas» al ejercicio de la actividad.

En este sentido, en Mallorca, el Plan de Intervención en Ámbitos turísticos (PIAT), aún por aprobar, pretende pedir a las viviendas una certificación energética B o C cuando, según el propio Ministerio de Energía y Turismo, tan sólo disponen de la misma un 1 % de las viviendas.

Hay que tener en cuenta que para tener una certificación tipo B es «complicadísimo», afirma esta asociación.

El presidente de Habtur, Joan Miralles, ha señalado que en las alegaciones presentadas hace un mes ya pidieron la retirada de este requisito, entre otros.

Su organización está a favor del impuesto del turismo sostenible, la mejora del entorno, el medioambiente y la sostenibilidad, pero «de ninguna manera queremos que se disfracen de medida ambiental requisitos encaminados a liquidar el sector», ha subrayado Miralles.

Además, Haptur recuerda que la consellera de Turismo, Bel Busquets, ya anunció en su día que con la nueva legislación estaba previsto un decrecimiento de más de 100.000 plazas, 90.000 de las cuales se trataba inevitablemente de viviendas turísticas, mientras que el sector hotelero sólo podrá perder 10.000 aproximadamente.

«Con este tipo de requisitos se liquidará de facto al sector», ha sentenciado Miralles.