Un tercio de ayuntamientos elude el control de cuentas de la Sindicatura

| Palma |

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La Sindicatura vigila que los contratos públicos de las administraciones estén correctos.

La Sindicatura vigila que los contratos públicos de las administraciones estén correctos.

Teresa Ayuga

Un tercio de los ayuntamientos de las Islas y tres de los cuatro consells insulars no han entregado a tiempo los datos necesarios para que la Sindicatura de Comptes puede hacer el informe de fiscalización que marca la ley.

Los infractores se enfrentan a posibles sanciones, que pueden llegar a la retención de las transferencias económicas que les llegan del Gobierno central. A partir de este miércoles, la Sindicatura requirió formalmente la rendición de la cuenta general del ejercicio 2017 y les advirtió de las consecuencias económicas de no hacerlo. En caso de un incumplimiento flagrante tras las advertencias, la Sindicatura puede elevar el caso al Tribunal de Cuentas para que abra un expediente y actúe contra estas entidades locales.

Los consells que no han remitido información son los de Mallorca, Menorca y Formentera, y los municipios incumplidores son Palma, Capdepera, Sant Llorenç, Binissalem, Muro, Alaró, Esporles, Ferreries, Sineu, Montuïri, Petra, Llubí, Maria de la Salut, Sant Joan, Puigpunyent, Santa Eugènia, Mancor de la Vall, Fornalutx, Banyalbufar, Estellencs, Escorca, además de las mancomunidades de es Raiguer, de Tramuntana y la de Servicios Públicos Insulares.

La Sindicatura recuerda en un comunicado que la Ley de Transparencia establece que el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno «deben ser los ejes fundamentales de toda acción política» y añade que solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio «los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan».

La consecuencia más importante de la falta de rendición de cuentas «es que no permite la fiscalización de la actividad pública que tienen encomendada por ley los órganos de control externo», que son el Tribunal de Cuentas y Sindicatura de Cuentas, recuerda este organismo en un comunicado.

Añade que, de esta manera, impiden los efectos de la fiscalización, «que son la contribución a la necesaria regeneración democrática, la promoción de la eficiencia y la eficacia de las entidades públicas y el favorecimiento del crecimiento económico».

La ley balear no establece sanciones directas sobre los alcaldes , como sí fija la gallega, pero sí implica consecuencias económicas para el municipio.

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Au
Hace más de 2 años

Res greu, primer avís. Al segon començau a preocupar-vos.

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