La propuesta presentada por el Consell pretende garantizar el derecho de paso a los senderistas. | Efe

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La organización agraria Asaja rechaza la proposición de ley de caminos del Consell porque entiende que vulnera «el derecho constitucional a la propiedad privada» de los propietarios, provocará una avalancha de demandas judiciales, no garantiza la continuidad y el desarrollo de las explotaciones agrarias, deja a los propietarios en una situación de «absoluta indefensión», establece zonas de protección de manera ilegal y presenta tal falta de rigor que la convierte en un texto inviable.

Es la esencia de las alegaciones que ha presentado la asociación agraria en el Parlament, en un documento en que se pide la introducción de importantes modificaciones para mejorar el texto.

La proposición de ley la presentó el Consell de Mallorca al Parlament con la voluntad de garantizar el derecho de paso de los excursionistas por los caminos de Mallorca. El pleno de la Cámara aceptó tramitarla y ahora se ha abierto el plazo de enmiendas de los partidos y de alegaciones de las asociaciones que se consideran afectadas.

Las de Asaja vienen firmadas por su gerente, Joan Simonet, y se sustentan en la idea esencial de que la propuesta del Consell tendrá «efectos expropiatorios» sobre muchos caminos que son de propiedad privada. Alerta de que la norma incluye una medida «gratificatoria» para quienes ejerzan una acción de defensa de la titularidad pública ante los tribunales y pronostican que ello podría suponer «la multiplicación de denuncias falsas que obligaría a los demandados a afrontar injustamente costosos y largos procesos judiciales». Señalan que la gratificación «distorsiona» el fin último de las actuaciones ante la Justicia, que es el bien común «y no una motivación pecuniaria».

También consideran que la propuesta carece de rigor jurídico y establece una zona de protección de tres metros a cada lado del camino, algo que consideran inconstitucional porque regula una «expropiación encubierta sin compensación, lo que vulnera frontalmente el derecho a la propiedad privada».

Afirman, además, que la proposición de ley deja a los propietarios de fincas en situación de «absoluta indefensión» y critican que no se haya tenido en cuenta el impacto medioambiental que supondrá permitir el paso de excursionistas por zonas que ahora tienen la máxima protección ambiental. «La propuesta impide asegurar una gestión responsable de los caminos públicos», añade la asociación agrarias en sus alegaciones.