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El PP ha acusado al equipo de gobierno del Consell de Mallorca de cometer «graves irregularidades flagrantes» en la adquisición del Centro de Menores de Primera Acogida 'Tramuntana' por parte del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) «por no ajustarse al pliego de prescripciones técnicas».

En el Pleno de este jueves, la consellera del PP, Catalina Cirer, ha denunciado que el IMAS pagó 1,2 millones de euros «mediante una operación de compra directa y sin concurso» por un inmueble «que no cumple con los requisitos establecidos» por el mismo IMAS «en el proceso de licitación inicial» y que fue declarado desierto en junio de 2017 pese a haberse presentado seis propuestas a concurso.

Sobre este aspecto, Cirer ha recordado que en el pliego de prescripciones técnicas establecía que el centro de menores «no podía tener menos de 500 metros cuadrados útiles y su número de plazas no podía ser inferior a 15».

«La sorpresa ha sido mayúscula cuando hemos comprobado que se han pagado 1,2 millones de euros por un inmueble con calificación de vivienda de poco más de 410 metros cuadrados que contará con entre ocho y 10 plazas como máximo», ha señalado.

Cirer, además, considera «sospechosamente llamativa la rapidez con la que se cerró la operación de compra» del inmueble, que fue localizado por el IMAS apenas un mes después de declararse desierto el concurso inicial «y cuando el Consell ha sido incapaz durante estos tres años de legislatura de encontrar uno en condiciones».

Otro factor que ha provocado «extrañeza» en la formación es que, a preguntas del PP en el Ayuntamiento de Palma, el regidor de Urbanismo y ex alcalde, José Hila, admitió que el inmueble se ubica en suelo residencial y su uso como centro de menores «no se ajusta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma».

Por último, Cirer ha mostrado sus «sospechas y malestar ante la reiterada negativa del IMAS a facilitarles el expediente completo de la operación de compra» del inmueble «cuando existen indicios», que no pueden acreditar por esa falta de documentación, sobre si un familiar directo de la antigua propiedad trabaja o ha trabajado en algún momento en el IMAS», aspecto que, sorprendentemente, ha sido confirmado por la consellera de Bienestar y Derechos Sociales, Margalida Puigserver en el pleno.