El TSJB confirma la protección del Turó de Can Tàpera

La empresa constructora alegaba ante el TSJB que se había producido un abuso de poder por parte de la administración. Su argumento es que ya en el año 2008 presentó el proyecto de urbanización con un presupuesto de ejecución material de 1,4 millones de euros. Al año siguiente el Consistorio suspendió la tramitación del plan especial de Cala Major. Desde entonces acusan a Cort de tener paralizada por desidia la tramitación del proyecto ante la Comisión Balear de Medio Ambiente que, en dos ocasiones se tuvo que dirigir al Ajuntament para exigirle diferente documentación en torno al estado del proyecto. Así, la demanda sostiene que existió una pasividad por parte de la Administración y que se debían anular estas actuaciones al incurrir en «desviación de poder».

El tribunal no entra a valorar el modo en el que se tramitó la suspensión del planeamiento. Señala que la actuación de la Administración fue «si se quiere parsimoniosa, según la presenta la demandante, acaso excesiva o desmedida, sin embargo no es posible encajarla con rigor en la vía de hecho, ante todo por la falta de argumentos en la demanda». Ante esa falta de datos que le permitan concluir al tribunal que se produjo un abuso por parte de Cort, el tribunal decide desestimar la demanda.

La empresa, además de esta vía que pueden aún llevar al Supremo, tiene otras opciones para intentar recuperar en los tribunales la urbanización completa en el Turó de Can Tápera, como recurrir el acuerdo posterior que modificaba el planeamiento y que limitó la edificabilidad en la zona a 34.000 metros cuadrados.

Cort impidió cualquier construcción en la parcela que era propiedad de Drac y la convirtió en suelo rústico. El argumento es que, como no se trataba todavía de suelo urbano consolidado al no estar urbanizado no sería necesario abonar ningún tipo de compensación a la empresa. La sociedad todavía se encuentra inmersa en fase de liquidación del concurso de acreedores.