Los abogados especializados recuerdan que, en España, entre el 60 y el 70 por ciento de las parejas terminan en procesos de separación o divorcio y recomiendan asesoramiento previo para evitar problemas posteriores durante esa fase de disolución matrimonial. | Julián Aguirre

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Un cambio en la norma balear que regula el régimen de separación de bienes ha llevado a indemnizaciones de hasta dos millones de euros en divorcios y a un choque entre normas.

María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, explica que la modificación que aprobó el Parlament en julio del año pasado en la Compilación introduce dudas porque incluye un matiz distinto al de la Ley de Parejas Estables de Balears. Los abogados especialistas esperan que haya alguna sentencia del TSJB que aclare el problema y de una interpretación coherentes de ambas normas.

El problema surge a partir del reconocimiento del derecho a una compensación por el trabajo de cara a la familia en caso de disolución matrimonial. Se trata de una contrapartida que recibe un cónyuge que se ha dedicado a labores domésticas o al cuidado de familiares durante el matrimonio. El otro cónyuge, que ha podido trabajar fuera de casa y tener una actividad económica, en parte gracias al ‘sacrificio’ de su pareja, tiene que compensar económicamente al otro. Hasta ahora esa contrapartida no estaba en la Compilación.

A partir de una sentencia de 2010 del TSJB se reconocía ese derecho al extrapolar a los matrimonios lo que ya preveía la Ley de Parejas Estables. Sin embargo se introducía un requisito: la existencia de un desequilibrio patrimonial entre los miembros de la pareja. La ley que entró en vigor en agosto del año pasado generaliza esa compensación, pero en principio solo para matrimonios. «Necesitamos que se actualice la doctrina», señala Lozano. A partir de la primera sentencia del TSJB comenzaron a plantearse pleitos por elevada cuantía por esta compensación que ahora se intensifican: «Tenemos desde 15.000 euros a pleitos de dos millones», indica.

Además de en casos de divorcios y separaciones, la compensación también opera en el resto de causas de disolución, como fallecimientos. En este caso, esa indemnización se detrae de la herencia. Los abogados de Familia critican la desigualdad en la que se encuentran los distintos ciudadanos de Balears en su trato con la justicia. «Hay una vulneración en función del lugar en el que se resida», explica Lozano: los ciudadanos del partido judicial de Palma pueden acudir a un juzgado especializado en Familia, pero no los del resto de las Islas, cuyos asuntos llegan a un Primera Instancia sin especializar. En esa línea, recuerda que las Islas son la segunda comunidad con más litigiosidad en este campo, sólo por detrás de Canarias.

Además, se trata de asuntos de una complejidad mayor a la de otros territorios ante la incidencia de conflictos entre parejas de distinta nacionalidad, residentes de otros países o asuntos de sustracción internacional de menores que recaen en esos juzgados. Así, la presidenta de la asociación apunta a que, sólo en Palma serían necesarios otros cuatro juzgados especializados más, si bien la principal reclamación es una jurisdicción propia de familia.

Los abogados de familia avisan: «Divorcios a cien euros son pan para hoy y hambre para mañana»

La Asociación Española de Abogados de Familia celebra la próxima semana sus jornadas nacionales en Palma. Su presidenta, la abogada mallorquina María Dolores Lozano, destaca la importancia de la especialización en un campo «tan dinámico y tan cambiante» como el derecho de familia. «Ya no es el mismo campo que era hace 25 años y se necesita sí o sí un especialista. A día de hoy el abogado generalista es inviable», señala. Pone como ejemplo la creciente complejidad de asuntos en los que intervienen personas de diferentes nacionalidades.

Lozano aconseja también a los ciudadanos acudir a un abogado ante trámites de la importancia de un matrimonio o una herencia para poder elegir «sabiendo las consecuencias». Cita, por ejemplo lo que ocurre con parejas de hecho que no regularizan su situación y que, cuando se produce un cese de la convivencia «es cuando se enfrentan con la realidad» y tienen que afrontar procesos más «difíciles, ardudos y costoso» que quienes sí se han inscrito en un registro. «Al abogado hay que ir para evitar problemas, no sólo cuando se tienen».

Recuerda que entre un sesenta y un setenta por ciento de las parjeas acaban en separación o divordio en España, el segundo país con la tasa más alta de Europa: «Uno sabe cuando se casa que esa situación puede ocurrir. Mientras dura la relación, da lo mismo cuál es la situación legal, el problema es posterior». También advierte contra las ofertas de algunos despachos que ofrecen divorcios a cien o trescientos euros: «Son pan para hoy y hambre para mañana. Si alguien no tiene recursos para acudir a un abogado, que vaya a los servicios de asistencia de los Colegios de Abogados, que funcionan porque esta es una profesión solidaria que está al servicio de los ciudadanos».