Prohens ha considerado que, como argumentan los letrados que han interpuesto el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, el decreto «es contrario al artículo 43 de la Constitución Española, que establece que la sanidad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos».
«Cuando gobernemos en 2019, derogaremos este decreto, que es algo que aparte piden los colectivos sanitarios y que también tiene en contra a los gerentes nombrados por el pacto de izquierdas», ha incidido la portavoz.
La diputada ha incidido en que Baleares sufre carencia de médicos y que el decreto que regula el conocimiento del catalán agrava este problema.
«Hemos cuantificado en más de 60 los médicos que se han marchado. Son los propios médicos los que dicen que se marcha por las dificultades que implica este decreto cuando, en todo caso, lo que debería hacerse es estipular medidas en materia de plus de insularidad o que faciliten el acceso a la vivienda, que permitan traer más médicos», ha incidido.
Prohens ha señalado que «no es un debate lingüístico porque no es un problema lingüístico» sino de ejercicio del derecho ciudadano a recibir una atención médica de calidad.
«La deriva radical de Armengol y su pulso continuo al Gobierno central han creado un problema donde no lo había», ha insistido.
El PP destaca en una nota de prensa que Baleares «es la única comunidad autónoma bilingüe en que el requisito del idioma cooficial es un mecanismo excluyente».
El Galicia, País Vasco y Cataluña, «el conocimiento del idioma cooficial o bien es un mérito o se imparten cursos de capacitación a los profesionales sanitarios sin menoscabar sus derechos», concluye.
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