Imagen de archivo del interior del mercado gastronómico de San Juan, ubicado en s’Escorxador. | Redacción Local

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El mercado gastronómico de San Juan está funcionando sin licencia de actividad, por lo que si no regulariza su situación deberá cerrar, lo que afectará a todos los negocios que ocupan los diferentes puestos. El mercado está situado en s’Escorxador, espacio que es propiedad del Ajuntament de Palma, pero Mercasa tiene su concesión.

Cort confirmó que se le ha remitido a la empresa un requerimiento para que proceda a tramitar la licencia de actividades, algo que, al parecer, ya se ha realizado. Pero esta regularización pasa por un cambio de uso. Actualmente el uso previsto por el ordenamiento para este mercado es el de equipamiento comercial, pero ahora se está buscando, a nivel técnico, la fórmula que ampare la actividad actual.

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El concejal de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, José Hila, declaró que «los técnicos de ambas partes están en contacto para la tramitación del expediente». Como en otros casos, añadió, «se concederán los permisos que sea posible dar durante el proceso, y si no es posible al final se tomarán las medidas cautelares que correspondan con la parte del recinto que no tenga licencia». El plazo para la concesión de la licencia, añadió el edil, no es fijo «porque depende de si se presentan alegaciones durante el proceso», aunque confirmó que este tipo de tramitación «suele durar bastantes meses».

El mercado gastronómico de San Juan abrió sus puertas en junio del año 2015 en un espacio que llevaba años cerrado. Con una veintena de puestos, fue el primer mercado de estas características que abría en Baleares y nacía con el ojo puesto en propuestas similares de Madrid y Barcelona que han tenido mucho éxito. El mercado recuperó el nombre de la finca o el huerto de San Juan, como se conocían los terrenos de s’Escorxador. Pero desde el principio funcionó sin licencia municipal de actividad.

Recientemente, la Audiencia de Palma ha condenado a la gestora del mercado de San Juan y a la empresa que lo reformó a indemnizar con 23.709 euros a un pizzero que había abierto un local dentro del mercado por las deficiencias en el sistema antiincendios.