El número de coches que llegan a los puertos de Baleares marca la diferencia entre los que se quedan y los que salen luego para la reventa. En 2017, el número de salidas fue de 60.143 vehículos.

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Un estudio sobre el impacto de los coches de alquiler en Baleares realizado por la empresa mallorquina Meteoclim Services SL, por encargo de la Conselleria de Turisme, concluye que los vehículos de alquiler no son los culpables de saturar las carreteras de Mallorca y resto de islas.

El informe detalla que «contribuyen a un tránsito menos fluido que los coches particulares, porque los conductores desconocen las carreteras y rutas que han de seguir para llegar al destino elegido».

El número total de coches de alquiler, con cifras de agosto de 2017, asciende a 85.674, de los cuales 53.952 circulan por la red viaria de Mallorca, aunque se señala que «muchas empresas han preferido no dar sus datos, de ahí que estas cifras son estimativas», pero no reales.

La Conselleria de Turisme, por petición del Parlament, ha tenido que realizar la radiografía de un sector que operan en máxima competencia y con controles muy aleatorios, pero con cumplimiento de inscribirse obligatoriamente en el registro de Turisme y dar a conocer, asimismo, la flota que comercializan.

Meteoclim sí que ha podido comprobar que el gran negocio de los rent a car no es el propio alquiler de coches, que ofertan a precios muy baratos, «sino la reventa de los vehículos que compran con grandes rebajas a los fabricantes (40 %), circunstancia que lo pueden hacer a los dos años de poder adquirirlos, con el fin de evitar el pago de impuestos».

Las medidas que se establecen en el estudio para disminuir este tipo de oferta se centran materia impositiva y establecer un máximo de coches en cada isla. El caso de Formentera servirá este año para determinar si la medida se puede aplicar en Mallorca, Menorca y Eivissa.

La otra opción es apostar por vehículos más sostenibles y, en consecuencia, menos contaminantes. En cualquier caso, se trata de un sector que necesita una regulación específica a nivel estatal.