El presidente de Pimeco, Antoni Fuster, ha tildado la actuación de Jhardi de «cándida» y la ha responsabilizado de la «humillación y desprecio» que sufren los comerciantes. | @PIMECOmll

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Las patronales de comercio Afedeco y Pimeco y las dos federaciones empresariales más representativas de Mallorca, Pimem y Caeb, han pedido este miércoles la dimisión de la concejala de Función Pública y Gobierno Interior de Palma, Aurora Jhardi, por no perseguir la venta ambulante ilegal.

El presidente de Pimeco, Antoni Fuster, ha tildado la actuación de Jhardi de «cándida» y la ha responsabilizado de la «humillación y desprecio» que sufren los comerciantes legalmente establecidos por parte del Ayuntamiento.

Fuster, en representación de las cuatro entidades, ha anunciado la convocatoria de una manifestación para el jueves 24 de abril, a las 13.30 horas en la plaza de Cort, para mostrar al consistorio el «cansancio» del sector comercial por la proliferación de la venta callejera ilegal.

«La señora Jhardi pretende que la ocupación de la vía pública sea onerosa para los comerciantes legalmente establecidos que pagamos impuestos, tasas y tributos, y que resulte gratuita para aquellos que ejercen, con total impunidad, una actividad comercial desde la economía sumergida», ha dicho el dirigente patronal, que se ha quejado de que el Ayuntamiento plantee eliminar la venta ambulante ilegal de la ordenanza de ocupación de la vía pública.

Este hecho supondrá, para Fuster, «un efecto llamada que provocará un aumento de esta actividad ilegal y que tanto perjudica a los comercios que sí cumplen con la legalidad».

En un comunicado conjunto Caeb, Pimem, Afedeco y Pimeco indican: «Nos oponemos radicalmente a la aprobación del texto presentado en Cort por el equipo de la concejala Jhardi porque eliminar de la ordenanza la prohibición de la venta callejera tendrá efectos perniciosos para los comerciantes legales que verán los dinteles de sus escaparates invadidos por manteros».

«Los vendedores ambulantes ilegales no pagan alquiler, ni hipoteca, ni comisiones bancarias, ni tasas municipales, ni IAE, ni IVA, ni IRPF, ni IBI, ni agua, ni gas, ni electricidad, ni seguridad social, ni seguros, ni nóminas, ni alarmas... Nada.», añaden.

Las patronales y las federaciones empresariales aluden a la nacionalidad de estos vendedores ambulantes ilegales al plantear que el «intrusismo» lo practican personas procedentes de «Guinea, Malí, Gambia, Senegal, Mauritania, Liberia, Sierra Leona, países con arraigada cultura ambulante».

El presidente de Afedeco y vicepresidente de Caeb, Rafael Ballester, se ha declarado «muy molesto por la situación, al escuchar que desde el Ayuntamiento se dice que este no es un tema prioritario, cuando lo que hace falta es una actuación contundente contra la venta ilegal, y sobre todo contra la distribución que está detrás de los vendedores».

El presidente de Pimem, Jordi Mora, ha tildado de «momento histórico» el pronunciamiento conjunto del sector comercial, «unido» ante «un problema social que usurpa derechos fundamentales».