La mansión de Petrov permance vacía desde que se fugó de España en 2012. | Alejandro Sepúlveda

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La Fiscalía Anticorrupción reclamará a la Audiencia Nacional que la mansión del supuesto mafioso ruso, Gennadios Petrov, sea incautada por el Estado. El juicio contra el grupo se celebra en Madrid desde finales del mes de febrero y entra ahora en su recta final, con la presentación la próxima semana de las conclusiones definitivas de las partes y los informes. En el banquillo se sientan 18 de los 27 acusados de formar parte de la Taganskaya en España. Nueve están huidos, incluido el presunto cabecilla, Petrov, y su segundo, Leonid Khristoforov. Para ambos, que se encuentran en Rusia, la Fiscalía solicita ocho años y medio de cárcel, mientras que el resto de miembros de la mafia se enfrentan a cinco años y medio de prisión.

Contra Petrov, al estar ausente del juicio, la Fiscalía no puede actuar. Sin embargo, el ministerio público sí puede hacerlo contra sus sociedades, cuya disolución se pide. Y precisamente, la mansión en la que fue arrestado Petrov en Costa de la Calma es uno de los bienes que tiene a nombre de empresas. De esta forma, la sentencia de la Audiencia Nacional tendrá que decidir si ese bien queda incautado para hacer frente a eventuales responsabilidades económicas de los acusados de blanqueo de capitales. En sus conclusiones provisionales, el ministerio público reclama multas que suman 2.700 millones de euros a los acusados.

Petrov fue detenido en una gran operación en Mallorca en el año 2008. Estuvo en prisión preventiva dos años. En 2010 se volvió a instalar en Calvià y, cada día, tenía que firmar en el cuartel de la Guardia Civil. Sin embargo, dos años después, la Audiencia Nacional le dio permiso para viajar a Rusia ante una enfermedad de su suegra. Jamás regresó a España. Excusó su ausencia en una enfermedad y las autoridades rusas han dado cobertura a su versión y rechazan ejecutar la orden internacional de busca y captura dictada por el tribunal. Sin embargo, las sospechas es que mantiene un elevado tren de vida y que sus vínculos con la jerarquía del gobierno ruso le protegen. Desde entonces, la vivienda permanece vacía. La Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, intentó una cesión temporal de la finca a Amadip para que la organización la destinara a fines sociales y se encargara del mantenimiento. Sin embargo, esa idea no llegó a cuajar.