El juez inicia el trámite para el primer macrojuicio a Cursach

Según recoge un auto dictado este viernes por Florit, que sustituye en esta causa al juez recusado Manuel Penalva, entre los presuntos implicados en la trama corrupta en favor de las empresas de Cursach está también Pilar Carbonell, exdirectora general de Turismo del actual Govern.

El juez instructor aprecia que en la investigación dirigida por el juzgado de instrucción 12 de Palma han aflorado indicios de posibles delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, prevaricación, coacciones, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos y tráfico de drogas.

El auto de Florit cierra la fase de instrucción y da un plazo de 20 días a las acusaciones personadas en el proceso para que presenten sus escritos detallando qué delitos imputan a los investigados y qué penas solicitan para ellos.

La «organización criminal» al servicio de los intereses comerciales de Cursach, «constantemente y según convenga en cada caso», recurría «a la coacción, miedo, intimidación, regalo, fiestas, pases 'vip' anuales para el (gimnasio) Megasport, drogas y prebendas de la más variada índole, con el fin de 'fidelizar' a agentes de policía local (sobre todo de Palma y también de Calvià), mandos de dicha institución, políticos, presidentes de asociaciones, funcionarios municipales o de otras instituciones», indica el juez.

El magistrado hace un variado relato de hechos que considera punibles, ya sean de esta pieza separada o de otras tramitadas también por el juzgado de instrucción 12, en los que resultan involucrados varios agentes municipales, incluidos todos los jefes de la Patrulla Verde, Carbonell y otro alto cargo de su departamento, funcionarios del Ayuntamiento de Palma, el expresidente el PP de Palma José María Rodríguez y el aún diputado autonómico Álvaro Gijón, dirigentes de asociaciones de empresarios, directivos de su grupo y estrechos colaboradores de Cursach.

«Se habrían creado claras conexiones directas entre intereses económico empresariales (no sometimiento a inspecciones, inspecciones viciadas, falseadas e injustificadas, preaviso de su realización, acoso a la competencia, etc) en perjuicio de las exigencias de la ley, de la lucha contra la corrupción, de la justicia, de la libertad de mercado y de la igualdad de los ciudadanos», incide.

En juez recoge testimonios de episodios como los regalos y los sobornos en metálico a funcionarios del Ayuntamiento de Palma para obviar ilegalidades urbanísticas en las discotecas y el gimnasio del empresario (encarcelado preventivamente desde hace un año), fiestas con cocaína y prostitutas gratis para agentes municipales en pago por sus servicios y acoso a la competencia con el respaldo de policías, que hacían que se «perdieran» la mayoría de las denuncias a locales del grupo presuntamente privilegiado.

En el caso concreto por el que se plantea el enjuiciamiento de la exdirectora general de Turismo y el jefe del servicio de arquitectura de ese departamento, en el auto de destaca la familiaridad con ambos del director del grupo Cursach, Bartolomé Sbert, que consigue su aval en tiempo récord para un trámite relativo al centro de ocio Megapark de la Playa de Palma.

En la investigación de las distintas piezas se ha puesto de relieve como algunos policías locales no solo favorecían a Cursach a cambio de gratificaciones irregulares sino que incluso trabajaban directamente para él bajo las órdenes de Sbert con el beneplácito de sus mandos, que abroncaban a agentes que, actuando correctamente, podían perjudicar los intereses del magnate del ocio nocturno.

Otra presunta práctica corrupta acreditada en la investigación han sido las «innumerables» maniobras de descrédito y las amenazas y agresiones que han sufrido testigos protegidos, que incluso han relatado que Cursach traficaba con cocaína empleando un barco que atracaba frente a la discoteca Tito's.