La infanta Cristina, en una imagen de archivo tomada en las jornadas del juicio del caso Nóos. | M. À. Cañellas

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El sindicato Manos Limpias, que ejercía de acusación popular en el juicio del caso Nóos, ha asegurado este miércoles ante el Tribunal Supremo que había «base» para condenar a la infanta Cristina, a quien la Audiencia de Palma consideró responsable civil a título lucrativo en la cuantía de 265.088 euros.

«Había tanta base que en la sentencia se llega a condenar civilmente a la infanta, no se le absolvió. Tiene que devolver dinero a todos los españoles, lo que sin la intervención de Manos Limpias no se hubiese producido», ha expuesto el representante del sindicato en la vista de casación que está estudiando hoy el alto tribunal.

Manos Limpias, que fue la única parte que acusó a la infanta, ha recurrido ante el Supremo la condena en costas que le impuso la Audiencia de Palma.

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Sin embargo, el letrado considera que «para que pudiera haber condena en costas, Manos Limpias se tenía que haber inventado» el material probatorio que hubo contra la infanta, algo que no hizo, pues, a su juicio, ejerció «una acusación popular de forma digna» y no actuó con «temeridad».

«No era una acusación baladí», ha dicho el letrado, puesto que «ni siquiera la Audiencia de Palma en su sentencia dice que era una acusación infundada» y «el informe de la Agencia Tributaria» en el que se basó la acusación «existía antes y existe después».

El abogado ha comenzado su exposición recordando la renuncia de la letrada que dirigió la acusación en el juicio, Virginia López Negrete, acusada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional junto con el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, por integrar una trama de extorsiones a cambio de retirar acusaciones y presionar a bancos.
Una de las acusaciones que pesa sobre Bernad, López Negrete y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, es un supuesto intento de negociar la retirada de la acusación de la infanta Cristina a cambio del pago de tres millones de euros.

La sentencia de Nóos consideró que la infanta «desconocía» la existencia de «ilícitos penales» por parte de su marido, Iñaki Urdangarín, y no participó en su ejecución pero sí compartió el dinero ingresado en las cuentas Aizoon, la empresa de la pareja, por lo que la consideró responsable civil a título lucrativo.