Pilar Costa y Martí March, durante la rueda de prensa. | CAIB

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La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha reconocido que es «una obviedad» que «no hay consenso suficiente» respecto al primer borrador que regula el catalán en la sanidad pública pero ha aseverado que están trabajando «intensamente» en el «contenido» del mismo.

En rueda de prensa, tras el Consell de Govern, Costa ha señalado que existen «matices y colores diferentes» y ha manifestado que es «una evidencia» que la iniciativa «no ha tenido apoyo» por parte de la sociedad.

De esta manera, ha dicho que no puede «adelantar» qué ocurrirá «en diez o quince días» y que no está en disposición de conocer «qué pasará y si se aprobará de una manera u otra».

A pesar de esto, ha remarcado que el «objetivo común» es aprobar una norma que garantice «los derechos de los ciudadanos» a tener la «mejor sanidad pública» y dar «estabilidad y seguridad» a un sector en el que «hace ocho años» que no se convocan oposiciones.

Decreto de amplio consenso

«Trabajamos para aprobar un decreto que tenga el más amplio consenso político y social posible», ha incidido Costa, que ha negado que estén considerando regular el catalán en el ámbito sanitario con fórmulas diferentes al decreto previsto en la ley de Función Pública.

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La portavoz ha incidido en que es la propia ley la que establece que en la sanidad se fijarán requisitos diferenciados a la exigencia general de conocimiento de catalán para el acceso a la administración con el fin de garantizar que se cubren todas las plazas necesarias para dar la mejor atención a los pacientes.

«Teníamos un borrador que pasó por mesa sectorial y es una evidencia que no ha tenido el apoyo de la parte social que una norma como esta debe tener», ha indicado Costa.

El propósito del Govern, ha insistido, es que el decreto esté aprobado antes de la convocatoria de las oposiciones, aunque no se ha fijado un plazo concreto.

Costa ha hecho hincapié en que el propósito del ejecutivo no es otro que «tener la mejor sanidad pública posible» manteniendo el criterio establecido en la Ley de Función Pública de que la acreditación de conocimiento de catalán es un requisito para trabajar en la administración autonómica.

Ha recordado que es la propia ley la que contempla que se adopten medidas para garantizar que ese precepto no supone un impedimento para la adecuada cobertura de las plazas de sanitarios, que en algunas especialidades se cubren con dificultad por la escasez de aspirantes.

De cara a las oposiciones, ha enfatizado que el Govern busca «garantizar la estabilidad en un sector con una inestabilidad elevadísima», puesto que hace ocho años que no se convocan concursos de acceso a plazas de funcionario sanitario.