TW
1

Los ayuntamientos de Baleares gastaron una media de 1.320,9 euros por habitante en 2015, la mayor parte en servicios al ciudadano (el 77,6 %), según el «Informe de las cuentas generales de las entidades locales» entregado por la Sindicatura de Cuentas al Parlament.

El 67 % de los ingresos de las corporaciones locales fue a través de impuestos, mediante los que reclamaron 1.039,1 euros a cada balear en 2015, con un retorno hacia el ciudadano negativo por importe de 13,3 euros, según el informe.

Los ayuntamientos de Ibiza son los que tienen mayor presión fiscal con 1.101,2 euros por habitante.

El coste medio de personal de los ayuntamientos es de 40.959,6 euros por empleado público, y el peso del gasto de personal supone el 36,8 %. En el Ayuntamiento de Ibiza es donde esta partida tiene menor peso de todo Baleares, con el 23,4 %.

Las corporaciones locales pagaron en 71,1 días de media a sus acreedores en 2015. Los ayuntamientos de Ibiza pagaron en 52,5 días, 34,2 días antes de que los de Mallorca.

La Sindicatura ha elaborado un índice en función del cumplimiento de 18 indicadores en sus cuentas, en virtud del cual los ayuntamientos de Baleares con notas más altas son Deià y Alcúdia, ambos con un valor de 6,4. Los que presentan valores más bajos son Montuïri, con 3,6, y Llubí con 4.

Los contratos de servicios son los más tramitados por los ayuntamientos, con un 37,7 % del total y son los más importantes con el 59,4 % del importe contratado en 2015. En los ayuntamientos de Ibiza, los contratos de obras suponen el 57,9 % del importe total.

Las corporaciones locales de Baleares liquidaron sus presupuestos de 2015 con un superávit de 175,5 millones de euros, que representa el 12,2 % del total de los gastos presupuestarios. De acuerdo con el índice de sostenibilidad presupuestaria, ahorraron el equivalente al 17,1 % de las obligaciones reconocidas netas del ejercicio. El ahorro bruto supuso un 27,3 %

El remanente de tesorería para gastos generales es de 510,7 millones y los ayuntamientos disponen de un excedente consolidado de un 32,6 % del gasto presupuestario.

Solo 3 corporaciones locales cumplen todos los plazos legales sobre presupuestos y rendición de cuentas. El 60,3 % de las corporaciones prorrogó en 2015 sus presupuestos del ejercicio anterior y dos tuvieron presupuesto prorrogado todo el año.

La sindicatura recomienda a los ayuntamientos formar la cuenta general inmediatamente después de liquidar el presupuesto, aprobarlo en el primer semestre del ejercicio, evitar prorrogarlos y presupuestar más cuidadosamente las previsiones de ingresos y gastos para evitar unas modificaciones de crédito tan elevadas.

Incrementar el fondo de maniobra y la liquidez para evitar problemas de solvencia a corto plazo es otra recomendación de la Sindicatura, dirigida en particular a los ayuntamientos de Esporles, Montuïri, Palma, Porreres, Sa Pobla y Sant Joan.

Mejorar la eficiencia de la estructura administrativa es otra asignatura pendiente para los ayuntamientos de Esporles, Ferreries, Mancor de la Vall, Muro y Palma.

La Sindicatura aconseja mejorar la gestión de los recursos humanos: con la reducción del coste medio por empleado a los ayuntamientos de Campos, Costitx, Palma, Sant Joan y Son Servera; con menor peso del gasto de personal sobre los ingresos a los de Alaró, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Mahón y Palma; y con la mejora de la ratio de habitantes por empleado público, a Deià, es Migjorn Gran y Valldemossa.

Ajustar el remanente de tesorería con una estimación del saldo de deudores de cobro dudoso se aconseja a los consistorios de Campos, Costitx, Deià, Petra, Valldemossa y Vilafranca.

Una racionalización organizativa y estudiar la prestación coordinada de servicios con municipios limítrofes es recomendable para los ayuntamientos de Ariany, Búger, Escorca, Fornalutx y Montuïri.

La Sindicatura pide fomentar la concurrencia en la contratación pública y evitar los procedimientos negociados a los ayuntamientos de Banyalbufar, Bunyola, es Castell, Esporles, Puigpunyent, Sant Joan de Labritja y Valldemossa. A Valldemossa y Pedra les aconseja limitar el uso de la tramitación urgente de los expedientes a los casos que sean realmente de necesidad inaplazable.