El juicio de Orizonia contra Barceló se celebró hace ahora un año. | Jaume Morey

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Viajes Barceló y la administración concursal de Orizonia han alcanzado un acuerdo confidencial que cierra varias causas pendientes en los tribunales entre las dos empresas. El pacto ha sido presentado ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, que tenía que decidir el recurso de los administradores por la reclamación que hacía Orizonia a Barceló de 60 millones de euros. Esta petición fue rechazada por el juzgado Mercantil y se justificaba en la operación de compra de las agencias de viaje y la línea aérea del grupo pocos días después de que Orizonia se declarase en preconcurso.

Este es el segundo gran acuerdo que cierra la administración concursal. El principal fue el que obligó a los accionistas principales de Orizonia, el grupo de capital riesgo Carlile, al pago de diez millones de euros a cambio de que el concurso se declarase fortuito. Ese acuerdo, a diferencia de éste fue público. El pacto alcanzado con Barceló incluye una cláusula de confidencialidad y la cuantía del mismo no ha sido desvelado por las partes. El acuerdo zanja otras disputas judiciales pendientes que tenían las firmas como una demanda por competencia desleal de Orizonia a Barceló.

La sentencia del juzgado de lo mercantil consideró que la operación de venta de las agencias de viaje y la línea aérea de Orzionia fue una operación «necesaria y conveniente» que redujo la deuda del grupo. El magistrado acepta el argumento que dio en el juicio la defensa de Barceló: la valoración de los negocios de Orizonia que presentó la administración concursal era irreal porque no tenía en cuenta que se trataba de un negocio inviable, «abocado a la liquidación».

Esta versión fue corroborada por la mayoría de testigos que declararon en el juicio como José Duato, el director general de Orizonia; Pablo Bieguer, el secretario del consejo de administración, o Gabriel Subías, por parte de Barceló.

Tras este acuerdo, el concurso de Orizonia está casi a punto de cerrarse, a la espera de que la adminsitración decida si recurre o no ante el Supremo una sentencia que absolvía por unos trabajos de asesoramiento por los que se reclamaban dos millones de euros. De no presentarse, en apenas un mes el concurso podría cerrarse ya.