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Una finca en Mallorca ha sido la causa de un tirón de orejas del Tribunal Supremo al Consejo de Ministros, en especial al Ministerio de Hacienda por ignorar las leyes europeas. El detonante es el trato discriminatorio que sufrió una ciudadana alemana a la hora de pagar impuestos por la propiedad en la Isla que le legó su marido.

Los dos vivían en su país de origen cuando el hombre falleció en 2009. A la viuda le tocó pagar el impuesto de sucesiones. Se trata de un tributo que está cedido por el Estado a las comunidades autónomas. Sin embargo, en el caso de los no residentes es la administración central quien lo cobra. El problema es que existe una gran diferencia la cantidad: el Estado mantiene un tipo impositivo que llega hasta un 34 por ciento para las mayores herencias cuando en Balears es habitual pagar incluso un uno por ciento.

Ante casos como estos, la Comisión Europea entendió que existía una discriminación evidente y llevó este impuesto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España y anuló esa normativa en el año 2014.

La sentencia europea dejó en el aire qué ocurría con los que habían pagado antes. Hacienda sólo aceptó devolver el dinero a quienes abonaron el impuesto después de 2010, lo que dejaba fuera este caso. La viuda de la propiedad mallorquina tuvo que optar por otra vía. Su abogado, Alejandro del Campo, presentó reclamó una indemnización al Consejo de Ministros por mal funcionamiento de la administración. El Supremo ha terminado por darle la razón.