Imagen de la protesta contra la violencia de género celebrada en Palma en noviembre del año pasado. La comunidad autónoma registra una mayor tasa de denuncias por parte de mujeres por delitos cometidos contra ellas por sus parejas o exparejas. El número de casos que registran los juzgados ha aumentado en los últimos años. | Joan Torres

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Balears no sólo es la comunidad autónoma con más mujeres víctimas de malos tratos sino también una de las que más condenas tiene en trámite en los juzgados. Sólo otras cinco (Andalucía, Madrid, Valencia, Catalunya y Canarias) tienen más condenas para poblaciones muy superiores. Entre los órganos especializados en violencia sobre la mujer y los de ejecutorias, son 3.000 las condenas pendientes en alguna fase de su tramitación. Eso incluye no sólo penados que están a la espera de ingresar en prisión, de abonar una multa o de cumplir trabajos en beneficio a la comunidad, sino también hombres que todavía no han agotado periodos de privación del derecho a tener armas u órdenes de alejamiento derivadas de sentencias firmes. Estas penas complementarias, que se prolongan durante varios años, hacen que la ejecución de estas condenas sea más larga que la de otros delitos. En todo caso suponen una cuarta parte del trabajo que tienen los dos juzgados de ejecutorias de Palma.

En esos dos órganos, que se encargan de hacer cumplir todas las condenas que se dictan en los juzgados de Via Alemania, hay pendientes 2.667 causas. De estas, 379 provienen de juzgados de Violencia sobre la Mujer y el resto de procedimientos que acaban en los juzgados de lo Penal. De todas las pendientes, sin incoar había 75, según los datos del Observatorio sobre violencia de género del Consejo General del Poder Judicial.

Modelo propio

Es en los juzgados de ejecutorias donde ninguna otra comunidad autónoma reúne tantas causas. El sistema que se sigue en Palma, en el que dos juzgados hacen cumplir las sentencias de los demás, es distinto a otras autonomías en las que cada órgano ejecuta las suyas. Los juzgados de ejecutorias han sido uno de los ‘puntos negros’ de la administración de justicia durante años y han sido objeto de sucesivos refuerzos hasta que ahora, uno de ellos, el 8, tiene hasta 20 funcionarios. El otro, el 9, fue creado hace un año y ahora se va a convertir en un juzgado de lo Social, tal y como ya aprobó el Consejo de Ministros.