Según censuran, «negarlo es una irresponsabilidad política que tendrá graves consecuencias, algunas de las cuales ya son más que evidentes especialmente en Ibiza». «El Govern, y no consells y ayuntamientos, es el que tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia», aseguran.
De esta manera, dicen que la ley que regula una oferta que en los últimos años «se ha desbocado completamente": «El alquiler turístico de viviendas» y recuerdan que desde el GOB han solicitado en «reiteradas ocasiones una moratoria de nuevas licencias y nuevas autorizaciones».
Además, han hecho hincapié en su petición de una «dotación suficiente» para la inspección y control de toda la oferta ilegal, «concentrada especialmente en la comercialización turística de pisos (plurifamiliares) en Palma» y una «paralización y control de la oferta dispersa» dentro de suelo rústico, «el gran olvidado del debate sobre la necesidad de detener la proliferación del alquiler turístico de viviendas».
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