El Banco Santander dará a conocer el próximo día 20 el plan estratégico que va a adoptar con toda la red de oficinas y los posibles ERE sobre la plantilla del Popular en todas las autonomías. | M. À. Cañellas

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Los accionistas del Banco Popular de Baleares afectados por la compra del Santander ultiman la presentación de una querella criminal por estafa y falsedad contable en la Audiencia Nacional contra los gestores de la entidad, según señala el abogado Miguel López.

La plataforma de accionistas perjudicados por esta operación de compraventa tiene claro que los actuales gestores del Popular y los anteriores «incurrieron en falsedad contable, de ahí que antes de final de semana o el lunes se presentará la querella criminal para exigir responsabilidades y que los accionistas minoritarios puedan recuperar la inversión realizada». López indica que en estos momentos hay muchos trabajadores del Popular en las Islas que están actuando con prudencia: «Están a la espera de lo que decida el Banco Santander sobre las regulaciones de empleo que se van a producir. En cuanto se sepa toda la información, habrá una avalancha de reclamaciones contra el Popular».

Los sindicatos CCOO y UGT de Baleares se mantienen a la expectativa de cómo evolucionen los acontecimientos en las próximas semanas. Fuentes jurídicas apuntan al respecto que los primeros EREs y cierre de oficinas se harán efectivos a lo largo del próximo mes de julio. Este martes, por indicación previa del ministro de Economía, Luis de Guindos, transcendió que ayuntamientos y autonomías sacaron dinero del Popular en las semanas previas a su venta al Santander. Fuentes del Govern puntualizaron que «nunca hemos tenido cuenta con el Popular». Los ayuntamientos de Palma y de Calvià reconocieron que sí tenían. «No ha habido movimientos significativos en estas últimas semanas», apuntaron desde Calvià. En otros municipios de la Isla se siguió la misma estrategia, pero sin facilitar dato alguno sobre las cantidades de dinero exactas que se sacaron.