Imagen del edificio, vendido por 8 millones. | Joan Torres

32

Una operación inmobiliaria de ocho millones de euros en el centro de Palma ha desembocado en la condena a cuatro años de prisión para el vendedor por defraudar a Hacienda 1,5 millones de euros de los 8 que obtuvo por la operación. La sociedad Sindicato 55 S.A., propiedad del acusado, Domingo Muñoz, vendió en el año 2006 un edificio en la calle Sindicato y un local en la plaza Alexander Jaume a Binipuntiró, una de las empresas del Grupo Drac de Vicenç Grande, que más tarde protagonizó una de las mayores quiebras en la historia de Balears.

La Audiencia Provincial confirma una resolución de un juzgado de lo Penal de Palma que sostiene a partir de la venta por 8,3 millones de euros, el acusado realizó una serie de maniobras para ocultar los beneficios a Hacienda. Declaró un beneficio mucho más bajo por la operación y empleó tres sociedades suyas para cruzar una serie de facturas por trabajos que no se llegaron a hacer. De esta manera presentó unos datos fiscales falsos que le permitieron escamotear 1.055.101 euros en el impuesto de sociedades y 436.246 euros en el IVA del año 2006. De esta manera, por el cruce de facturas falsas y el empleo de sociedades fantasmas, se le condena también por un delito de falsedad.

El acusado argumentaba en su recurso ante la Audiencia que la jueza de lo Penal que le condenó tuvo en cuenta que no declaró en el juicio a la hora de condenarle. La sentencia que ahora le mantiene la pena recuerda que, en el caso de Hacienda, los ciudadanos tienen obligación de aportar los datos, y que en ningún momento dio una versión alternativa a los hechos de los que se le acusaba. Además señala que era el acusado el que tenía la obligación de demostrar que las facturas cruzadas entre sus empresas correspondían a trabajos reales. Además de la pena de cuatro años de cárcel, el acusado tendrá que hacer frente a una multa de más de tres millones de euros, además de tener que pagar a Hacienda todo el dinero que defraudó.