La nota señala que el ejecutivo balear se puso esta semana «a disposición del Ministerio Público para colaborar en el esclarecimiento de estos contratos, poniendo de manifiesto que desde el primer momento se encargó una fiscalización de los expedientes».
Además, la institución quiere subrayar «su compromiso con la transparencia y la ejemplaridad. Por eso, desde que tuvo conocimiento del hechos ahora investigados, encargó a Intervención el análisis de los contratos para confirmar que se hicieron correctamente. Asimismo, se solicitó a la Comisión Ética, creada en esta legislatura, que dictamine si encuentra cualquier mala praxis respecto a nuestro exigente código ético, que también se ha puesto en funcionamiento en este mandato».
Por último, el Govern señala que, como ejemplo de «nuestro compromiso por la transparencia, la consejera Ruth Mateu dejó su cargo asumiendo la responsabilidad política de los errores que se hayan podido cometer en estas contrataciones».
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