En la imagen, el conseller de Educació i Universitat, Martí March. | Redacción Digital

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El conseller de Educació i Universitat, Martí March ha defendido en su comparecencia de este lunes en el Senado que el pacto de la educación en España no será posible sin contar con las comunidades autónomas y sin el acuerdo con la comunidad educativa y ha reclamado canales «efectivos y reales» que permitan su participación.

«Las comunidades autónomas también somos Estado, somos sujetos políticos y el pacto no puede ser patrimonio exclusivo del Ministerio, tiene que contar con nuestro consenso, nuestras aportaciones y nuestra implicación junto con el de toda la comunidad educativa para conseguir un pacto educativo real», ha asegurado el conseller.

En este sentido, March ha pedido en su intervención en el Senado, la creación de un grupo específico de trabajo en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación que pueda posibilitar un documento donde todas las posiciones educativas se sientan reconocidas.

Además, el conseller ha planteado las cuestiones esenciales que tendrá que tratar el Pacto Educativo desde la perspectiva territorial: el reconocimiento real y legal de las comunidades autónomas como instituciones y sujetos políticos en relación a la materia educativa; y la delimitación clara de las competencias educativas del Ministerio y las comunidades.

Asimismo, ha pedido que incluya la concepción de un modelo federalizado de Conferencia Sectorial de Educación; la existencia de una financiación educativa que evite las desigualdades de financiación territorial, y el cambio de planteamiento y de contenido de los programas de cooperación territorial de educación entre Gobierno y comunidades autónomas.

Igualmente, la relación de la escuela pública y la concertada; la religión en la escuela; la transferencia de competencias hacia los centros educativos y hacia los ayuntamientos; mejorar los currículums y las cuestiones lingüísticas, son algunas de las cuestiones que March ha destacado que tendrán que formar parte del pacto social y político de la educación.

Finalmente, ha reclamado medidas, «como decretos leyes y otros instrumentos políticos y jurídicos, que permitan cambios consensuados para modificar aspectos conflictivos de la Lomce mientras no se llega a un pacto educativo».