Imagen de archivo de la parcelación ilegal de Son Oliveret, en el municipio de Palma. | Pere Bota

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Palma cuenta en estos momentos con más de 90 parcelaciones ilegales (viviendas edificadas en terreno rústico sin los permisos pertinentes). En su gran mayoría se encuentran distribuidas de forma homogénea en el entorno del suelo rústico del municipio, en especial en la huerta de Llevant y del Nord, según declara el director general d’Urbanisme, Biel Horrach.

La política de este área en relación a estas parcelaciones, explica el responsable, está ahora mismo en stand by, a la espera de conocer el posicionamiento del Ejecutivo autonómico ante un problema que ya parece crónico en muchas ciudades.

Muchas parcelaciones tienen su origen en los años 70, pero a lo largo de los años han seguido apareciendo «aunque hoy día la situación está más controlada», según Horrach.

Los problemas que plantean estas parcelaciones ilegales son varios, expone Horrach. Desde el punto de vista económico preocupa que la dispersión de estos núcleos representa un coste de suministros básicos muy importante. El objetivo «es que en un futuro estas zonas sean autosuficientes a nivel energético». Otro objetivo es que a corto plazo estas parcelaciones puedan reducir su impacto ambiental y preocupa también el punto de vista social.

Pero la preocupación más urgente se refiere a aquellas parcelaciones asentadas en zonas de riesgo, básicamente de incendios o de inundaciones.

El PGOU de 1985 ya preveía legalizar todas estas parcelaciones rústicas ilegales a través de planes especiales, al menos se contaba con que se regularizaran la mitad pero apenas ninguna de ellas lo hizo. El Consell de Mallorca era quien indicaba a los parcelistas qué requisitos debían tener los proyectos que presentasen a Cort y luego éste los debía ir aprobando en los plenos municipales.