Catalina Cladera entra al Parlament con el director general de Pressuposts, Joan Carrió. | Joan Torres

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El proyecto de ley de Presupuestos de 2017 elimina controles previos sobre determinadas facturas. Ya no deberán recibir el visto bueno del Consell Consultiu y bastará que el interventor las autorice para que el Consell de Govern apruebe el pago.

Se trata de una disposición recogida en el proyecto de ley de Presupuestos del año que viene, que busca agilizar al pago a los proveedores y evitar que Balears siga siendo la Comunitat que más tarda en pagar a sus proveedores, 73 días en agosto.

La medida afecta a lo que se conoce como «facturas en los cajones». Son aquellas que llegan sin que haya una dotación presupuestaria previa y se dan especialmente en el IB-Salut, organismo que en ocasiones se ve obligado a adquirir productos de urgencia sin contar con la correspondiente partida económica. Para aceptar el pago, estas facturas necesitan ahora la supervisión y el visto bueno del Consell Consultiu y ese es precisamente el control que elimina el proyecto de ley de Presupuestos.

Balears y Canarias son las dos únicas comunidades que tienen esta exigencia añadida y su cumplimiento retrasa el pago a los proveedores. Ello eleva el plazo medio de pago a proveedores de tal manera que Balears fue la comunidad que más tardó en pagar las facturas en agosto: lo hizo con 73 días de retraso, frente a comunidades como el País Vasco que pagan a los 2,43 días. El Govern paga tarde, pero tiene dinero, por eso achaca los retrasos al complicado sistema de validación de facturas.