El juez archiva la imputación de Munar en el caso Minser

Palma |

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha archivado la imputación de la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar así como de otros 14 investigados por el presunto desvío de 60.000 euros públicos a favor de Unió Mallorquina (UM) y de Minser, una de las principales contratistas de la formación cuando su dirigente histórica estaba al frente de la Institución insular.

Mediante un auto el juez Juan Manuel Sobrino ha puesto fin a estas pesquisas y, por el contrario, sí ha decretado que continúe el proceso penal, como paso previo a su enjuiciamiento, contra el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, su exvicesecretaria técnica Eugenia Cañellas y los propietarios de Minser, Juan Carlos Escuer y Gabriel Ribas.

En concreto, el magistrado les imputa un delito de prevaricación, otro continuado de malversación de caudales públicos y un último defraude a la Administración.

El instructor subraya en su resolución que existen indicios suficientes para determinar que todos ellos, de común acuerdo y «guiados por el ánimo de obtener beneficios económicos» en beneficio de la extinta UM, idearon un plan para sustraer «importantes cantidades de fondos públicos de los que tenían poder de disposición por razón de sus cargos».

Según las investigaciones, Nadal se concertó con los propietarios de Minser para hacerles adjudicatarios de dos encargos por 30.000 euros cada uno a fin de que la empresa contratase a determinadas personas que, o bien desarrollarían sus servicios para UM o bien serían dadas de alta sin realizar labor alguna y cuyo sueldo sería abonado al partido.

De hecho, el juez afirma que existen «numerosas evidencias» de que los dos contratos públicos «eran irreales y en realidad no obedecían a ninguna utilidad pública ni al interés general, principios a los que debe servir y atender la Administración Pública». En realidad, prosigue, ambos expedientes tenían «por única finalidad distraer fondos del Consell, y por ello de carácter público, y desviarlos a los intereses particulares» de la formación 'uemita'.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito el pasado mes de septiembre en que señalaba que no hay indicios suficientes para dirigir acciones penales contra Munar y otros exaltos cargos como el exconseller de Obras Públicas Antoni Pascual, el exdirector insular de Carreteras Gonzalo Aguiar, la exdirigente de UM María José Rodríguez y la exsecretaria de Nadal Antònia Vidal, para quienes el juez también ha sobreseido las actuaciones.

El juez sostiene que, al margen de Nadal, los demás investigados tuvieron papeles «importantes», como en el caso de Eugenia Cañellas, que era la encargada de individualizar, seleccionar y definir a las personas que debían ser contratadas por Minser, cuyos administradores, a cambio, serían retribuidos con futuros expedientes públicos.

Según los fiscales Juan Carrau y Ana Lamas, Cañellas redactó los pliegos de cada uno de los expedientes y fue designada como la persona encargada de velar por el cumplimiento de los respectivos contratos, cuyo objeto supuestamente ficticio era la realización de un informe sobre señales de tráfico en las carreteras de Mallorca y otro sobre los hábitos de lectura entre los jóvenes. Por su parte, Antoni Salom se habría encargado de firmar los documentos necesarios para poder llevarse a cabo la contratación.

Por su parte, Ribas y Escuer, quienes fueron detenidos en mayo de 2012 a raíz de estos hechos y permanecieron un mes en prisión sin fianza, colaboraron de este modo «en la financiación de UM», tal y como postula la Fiscalía, y ello con su participación en los dos expedientes a través de empresas que pertenecían al mismo grupo, conculcando así la libre concurrencia al proceso.

La acusación pública recalca en este contexto cómo los fondos fueron dirigidos «exclusivamente» a actividades de publicidad o propaganda electoral de UM. «Los dos expedientes carecen de utilidad pública y su única finalidad era sustraer fondos públicos insulares y destinar su importe a la contratación de personas que, en definitiva, prestarían sus servicios en la sede de UM o cuyo salario sería abonado al partido por no desarrollar trabajo alguno», abunda.

Es más, subrayan los fiscales que, además de beneficiar económicamente a la formación regionalista, «suponía un beneficio particular de los intervinientes, ya que los investigados veían reforzada su posición en el partido».

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