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El grupo ecologista GOB ha pedido al vicepresidente del Govern y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló que el ejecutivo autonómico elabore un plan estratégico de decrecimiento turístico y que establezca cuotas para la llegada de turistas, coches de alquiler y embarcaciones.

El GOB ha presentado este miércoles a Barceló las conclusiones de las jornadas de trabajo y debate sobre la necesidad de poner límites al turismo «#SenseLímitsNoHiHaFutur» y ha formulado sus peticiones tras un verano que consideran que ha sido de intensa «masificación», han señalado en un comunicado.

Las propuestas del GOB se centran en abordar de manera urgente la «hipertrofia turística», la proliferación de la viviendas vacacionales y el modelo económico, desde la perspectiva del ecologismo social.

El GOB considera que Balears afronta una situación límite con infraestructuras saturadas, fondeos irregulares en todo el litoral, 90.000 coches de alquiler, playas masificadas, cortes de agua, desaladoras al cien por cien, alquiler turístico vacacional desbordado y problemas de convivencia en los barrios históricos.

Critican la política turística del Govern porque consideran que propicia la generación de una «burbuja turística».

Los ecologistas reprochan «la incapacidad de la administración para hacer frente de una manera decidida a los efectos negativos y perversos, ya urgentes e inmediatos, que derivan del modelo actual del turismo de masas» y creen «desfasado» intentar convencer a la población de que la diversificación, la sostenibilidad y la desestacionalización son los objetivos de la política turística.

«Poner el adjetivo 'sostenible' a la promoción turística del Govern no está a la altura de la responsabilidad de abordar la problemática social, económica y ambiental derivada del monocultivo turístico que padecemos», señala la nota.

Reclaman políticas activas de decrecimiento turístico basadas en la regulación de las pernoctaciones y de los flujos de turistas con medidas fiscales, limitación de cruceros y del acceso a espacios públicos y patrimoniales.

En concreto piden que se establezcan cuotas sobre el número máximo de llegadas de turistas, coches de alquiler y embarcaciones, que la gestión de aeropuertos y puertos sea autonómica o compartida para realizar esos controles y que se cree un impuesto disuasorio para las empresas que ofrecen el todo incluido.

Para decrecer en plazas, plantean que para poder acceder a crear una nueva plaza turística se cierren al menos dos existentes.

Reivindican medidas para proteger el comercio de proximidad, promover la diversificación económica, velar por las condiciones de trabajo dignas en el sector turístico, recuperar como espacios públicos y gratuitos las calles ocupadas por terrazas y que la ecotasa suba y se reinvierta en la recuperación de los valores ambientales y patrimoniales.

Que se intensifiquen las inspecciones y que la regulación de los pisos turísticos garantice prioritariamente el derecho a la vivienda de la población son otras reivindicaciones del GOB junto con que el Govern suspenda la tramitación de licencias para los establecimientos de alojamiento turístico y viviendas de uso turístico en Palma.

También reclaman cuotas por zonas sobre la oferta de pisos en régimen de alquiler turístico. Para controlar la venta de inmuebles a grandes capitales internacionales, en las jornadas se propuso limitarla a particulares y sociedades que lleven un mínimo de 5 años residiendo en las islas.

Crear una agencia pública para el acompañamiento del pequeño comercio, local y de proximidad, incrementar las subvenciones a los productores locales y eliminar la liberalización de los horarios en zonas turísticas son otras propuestas.