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El pleno del Parlament debatirá este martes una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno de España a abonar los 241 millones de euros vinculados a los convenios de carreteras firmados en 1998 y 2004.

Asimismo, también se debatirán otras proposiciones relativas a la pobreza energética y el apoyo a empresas familiares, en una sesión que dará comienzo a las 10.00 horas.

En el turno de preguntas, los grupos parlamentarios abordarán cuestiones como los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos de 2017, el proyecto de conversión de Son Dureta en centro sociosanitario y las irregularidades detectadas por la sindicatura de Cuentas en contratos públicos durante la anterior legislatura.

El Grupo Parlamentario Socialista defenderá una PNL relativa a la liquidación de la deuda de 241 millones de euros del Gobierno central con el Govern balear vinculada a los convenios de carreteras firmados por las dos administraciones en 1998 y 2004. Asimismo, la PNL reitera la necesidad de revisar la financiación destinada a Baleares.

Precisamente, el pasado viernes el Govern aprobaba el techo de gasto para 2017 incluyendo en sus cálculos parte de las cantidades relativas a los convenios de carreteras, comprometidas por el Ministerio de Hacienda en un protocolo firmado a finales de 2015, pero que finalmente no llegaron en 2016.

Asimismo, el Grupo Popular ha presentado una PNL para apoyar a las empresas familiares mientras que Podemos ha hecho lo mismo con una PNL para convertir el bien social en una medida efectiva contra la pobreza energética en el ámbito eléctrico.

Por otro lado, los 'populares' también han presentado, con carácter urgente, una interpelación sobre política educativa del Govern.

Preguntas

Francina Armengol deberá explicar si puede asegurar que cuenta con los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos de 2017, puesto que así se lo requerirá el PI; mientras que el PP se interesará por cómo se llevará a cabo el proyecto de conversión de Son Dureta en centro sociosanitario.

Paralelamente, Podem preguntará a la presidenta qué piensa hacer ante las irregularidades detectadas en contratos públicos efectuados durante la pasada legislatura.

Otras preguntas versarán sobre el abandono escolar, los criterios para subvencionar con 180.000 euros dos publicaciones en catalán, el conflicto laboral en Servicios Ferroviarios de Mallorca -cuya huelga provocará este martes la suspensión de 16 trayectos- o la reorganización de la Abogacía de la Comunidad.