Antoni Reus y David Abril, este viernes en rueda de prensa.

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MÉS per Mallorca reclama al Gobierno central que incremente la plantilla de funcionarios de Hacienda para combatir el fraude fiscal, sobre todo por parte de grandes empresas y multinacionales, con el objetivo de aumentar la recaudación en Baleares en 1.000 millones y el presupuesto disponible en unos 500.

El portavoz de la formación ecosoberanista, David Abril, ha justificado la proposición no de ley registrada por MÉS per Mallorca en el Parlament para combatir el fraude fiscal en el hecho de que en las islas «se mueven muchos turistas y mucho dinero» pero gran parte de ello forma parte «de la economía sumergida». Abril ha criticado que la economía sumergida sea «evidente y tangible», con la existencia de grandes defraudadores en Baleares y ha recordado que hay 14 empresas de las islas vinculadas a los llamados papeles de Panamá, con dinero oculto en dicho paraíso fiscal. «Y es absurdo que a la vez haya reducción de personal de la Agencia Tributaria», ha concluido.

El diputado autonómico Antoni Reus ha explicado en un comunicado que considera un sinsentido que la plantilla de la Agencia Tributaria estatal se haya reducido un 7,5 % entre 2010 y 2014, cuando se calcula que la economía sumergida del país se sitúa entre el 20 y el 24 % del PIB.

Reus ha dicho que los datos de Baleares «son aún peores» porque de unos 720 empleados de la Agencia Tributaria estatal en 2010, se ha pasado a unos 650 en la actualidad, lo que supone una pérdida del 10 %, por lo que considera imprescindible revertir esta tendencia a la baja y que se aumente la plantilla de funcionarios con capacidad de luchar contra el fraude.

El diputado nacionalista considera «evidente que hay pocas ganas de combatir el gran fraude» y ha dicho que «lo ideal sería doblar el personal, aunque fuera un objetivo a largo plazo», a diez años vista. Ha descrito Ibiza como el ejemplo «palmario» de la situación, al ser un lugar donde «los negocios que aparecen y desaparecen y tienen actividad solo durante dos meses», y en la actualidad únicamente hay 4 funcionarios de Hacienda para combatirlo.

También considera que el modelo de financiación es «totalmente injusto» y que lo ideal sería que el Estado cediera tributos y por ejemplo la recaudación del IVA o del IRPF a las comunidades autónomas «para ir hacia un federalismo fiscal».

Sobre la relación existente entre fraude y falta de funcionarios de Hacienda, Reus ha explicado que, en España, el número de empleados de la Agencia Tributaria en relación con la población (uno cada 2.000 ciudadanos) es inferior a la media de la OCDE, y en los países europeos donde el fraude fiscal es muy inferior «también tienen mucho más ratio de empleados de sus haciendas en relación con la población».

En cuanto a la petición concreta que formula la proposición no de ley de combatir el fraude de grandes empresas, Reus ha explicado que lo basan en datos del sindicato de funcionarios de Hacienda Gestha, según los cuales el 80 % de la plantilla se dedica a controlar autónomos, pymes y asalariados «en vez de atacar las grandes bolsas de fraude fiscal».