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Los jóvenes extutelados de Balears recibirán a partir de los 18 años una renta mensual de 423 euros durante 36 meses como máximo para facilitar su proceso de emancipación e inserción, ha informado la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación en un comunicado.

El Consell de Govern aprobará este viernes el decreto que regula una renta mensual para jóvenes extutelados por la administración.

El objetivo es facilitar su proceso de emancipación y autonomía personal a partir de los 18 años, cuando dejan de estar legalmente protegidos por los consells insulars.

Estos jóvenes, al cumplir los 18 años y concluir la tutela o guarda administrativa, tendrán durante 36 meses como máximo una prestación económica temporal que les facilite vivir de manera autónoma y se puedan integrar gradualmente en la vida social y laboral.

La percepción de la renta está ligada a un programa de autonomía personal de estos jóvenes y al cumplimiento de objetivos de inserción laboral, formación y de habilidades sociales encaminadas a su autonomía.

La renta se pondrá en marcha este mes de agosto una vez se publique en el BOIB y se podrá percibir hasta los 25 años.

Esta prestación económica está contemplada en la Ley 7/2015 que establece el marco regulador de los procesos de autonomía personal de menores que han sido sometidos a una medida de protección o reforma.

Además, forma parte del Plan Estratégico de Autonomía Personal de los Jóvenes que contempla pisos de emancipación, servicio de acompañamiento, familias de apoyo y medidas de integración laboral. El propósito es garantizar una inserción social y laboral efectiva de estos jóvenes.

Esta medida se enmarca dentro de la acción del Govern de recuperación de nuevos derechos y servicios para la ciudadanía, especialmente para las personas más vulnerables.

En el año 2011 ya se aprobó un decreto que regulaba una prestación económica para personas que habían sido sometidas a tutela administrativa y que fue derogado por el gobierno anterior.

Se trata de menores de edad cuya protección ha sido asumida por la administración autonómica y que, al llegar a la mayoría de edad, abandonan el sistema de protección administrativa de los consells insulars, lo que les supone una situación de vulnerabilidad social que les imposibilita vivir de manera autónoma o con las garantías suficientes.