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La Ponencia que debate la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental ha dado un impulso a la creación de un procedimiento que prevé lograr, a cinco años vista, la implementación de lo que queda de red de saneamiento en diferentes núcleos urbanos de las islas, un problema que se arrastra en algunos casos desde los pasados años sesenta.

En un comunicado, el grupo MÉS per Mallorca ha celebrado que «de una vez por todas» se afronte el problema de las fosas sépticas y la contaminación de acuíferos tras admitirse la transacción efectuada a la enmienda del PI lograda este miércoles en la Cámara autonómica.

Las diputadas Patricia Font y Joana Aina Campomar han subrayado haber conseguido «superar una mirada centrada en resolver el problema de las licencias urbanísticas que en la resolución del problema ambiental, que es lo que verdaderamente nos preocupa. Las moratorias que ha habido hasta ahora y que defendían Pi y PP se han limitado a ir otorgando licencias a cambio de nada, haciendo el problema aún más grande, aparte de ir contra la normativa europea».

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Durante la ponencia, MÉS ha expuesto que sólo se podrán adherir al procedimiento aquellos ayuntamientos que se comprometan en sesión plenaria y den garantías de implementar la red de saneamiento. En caso contrario, dejarán de concederse licencias de construcción.

Además de este compromiso, dispondrán de dos años para elaborar y licitar un proyecto de red, otros dos para ejecutarlo y un año más para su conexión con la red de depuración de aguas. Es decir, en cinco años «el problema ambiental que arrastre históricamente puede estar resuelto, y cualquier paso que se incumpla por parte de los ayuntamientos o promotores imposibilitaría otorgar licencias».

La propuesta, que cuenta con el apoyo de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), «supone un cambio de paradigma», han destacado las parlamentarias, «ya que pasamos de la lógica de la moratoria a la lógica del procedimiento y la acción, poniendo trabas a que en el futuro otro gobierno o una mayoría diferente quieran plantear nuevas moratorias que no han servido para nada más que para seguir construyendo».