El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, que se ha reunido este martes en Eivissa con representantes de Alianza Mar Blava, ha anunciado que recurrirá la decisión del estado que lo excluye como parte interesada de los proyectos de prospecciones de Baleares.
Vidal les ha comunicado que el Govern se suma a la petición de la plataforma al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que finalice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de Schlumberger en el golfo de León.
Cabe recordar que esta iniciativa se estaba tramitando con un doble expediente y que, debido a la presión de Alianza Mar Blava y de la Conselleria se archivó el que inició Seabird Exploration y que continuó Schlumberger aprovechando el informe de impacto ambiental.
Según han explciado, este paso obligaba al promotor a presentar una nueva evaluación de impacto ambiental antes de tres meses contadores desde el mes de febrero. Este periodo ya ha pasado y comportaría, por ley, dar por finalizado el procedimiento.
Vicenç Vidal también ha compartido con Alianza Mar Blava una comunicación del Ministerio que notifica a la Conselleria y al Govern que no considera la administración autonómica «parte interesada» en los proyectos de prospecciones de hidrocarburos que afectan al Archipiélago y que, por lo tanto, no será informada de los avances en su tramitación.
La plataforma ha aconsejado al conseller recurrir esta decisión, tal como lo hicieron ellos cuando se les denegó este mismo derecho en un primer momento. Todos han coincidido en que no «tiene ningún sentido que un gobierno autonómico se tenga que informar a través de Alianza Mar Blava aunque forme parte».
Vidal ha asegurado sentirse «perplejo» ante la comunicación del Gobierno del Estado y ha avanzado que recurrirá la decisión.
Asimismo, se ha tratado el proceso de alegaciones que se iniciará cuando salga a información pública el proyecto de Spectrum, al cual el Ministerio ha dado una «prórroga ilegal» de nueve meses después de haber agotado los 18 meses de tramitación.
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Las prospecciones son ilegales, las autorizó ilegalmente el crimen organizado pp-psoe y rompen toda legislación europea, española y balear de protección de cetáceos y litoral marino y ecológico del Mediterraneo.